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Ayotzinapa, México
Desesperados y exhaustos, padres de 43 estudiantes desaparecidos en México en setiembre partieron este jueves en caravanas para clamar que sus hijos no fueron masacrados y exigir al gobierno de Enrique Peña Nieto, a una sola voz: "Búsquenlos, están vivos".
"Estamos seguros que están vivos y los vamos a seguir buscando, la lucha va hasta el final", declaró a la AFP Felipe de la Cruz, vocero de los padres, antes de abordar uno de los tres autobuses en los que familiares y estudiantes recorrerán más de 1.700 km hasta el estado de Chihuahua (norte), fronterizo con Estados Unidos.
Esta caravana, encabezada por media docena de padres, fue la primera de tres que parten hacia diferentes regiones desde la escuela rural de maestros de Ayotzinapa (Guerrero, 275 km al sur de la capital mexicana), donde estudiaban los desaparecidos y hoy acampan sus familiares a la espera de que aparezcan.
Alumnos de este centro de fuerte ideología socialista despidieron a los angustiados padres, que llevaban grandes retratos de sus hijos, desaparecidos la noche del 26 de setiembre tras ser atacados por policías corruptos de Iguala, a 120 km de Ayotzinapa, y narcotraficantes del cartel Guerreros Unidos.
"No hay duda de que la pesadilla que vivieron nuestros hijos fue hecha por el Estado, confirma la unión entre autoridades y crimen organizado", dijo De la Cruz, subrayando el mensaje que llevarán por un país que suma más de 80.000 muertos y 22.000 desaparecidos desde que en 2006 fue lanzada la ofensiva militar contra los carteles.
En las calles del humilde pueblo de Ayotzinapa, unas 500 lugareños marcharon en apoyo a las caravanas, que tienen previsto juntarse el 20 de noviembre en la capital mexicana.
"Lucho porque no quiero ser el 44", se leía en la pancarta de un joven. "Fuera Peña Nieto", "¿Y si fueran tus hijos?", rezaban otros letreros.
Las protestas y reclamos internacionales para que se esclarezca el caso generaron la peor crisis de la presidencia de Peña Nieto, desatada por un crimen que Human Rights Watch considera entre los más atroces de la historia reciente de Latinoamérica.
Los familiares están furiosos con el gobierno porque creen que no ha hecho lo suficiente por hallarlos y porque Peña Nieto se fue de gira comercial por China y Australia. "No le importó nuestro sufrimiento", expresó a AFP Epifanio Alvarez, otros de los padres.
Además de golpear la imagen del presidente, la crisis provocó la caída del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y del fiscal estatal. También puso en aprietos al PRD, principal partido de izquierda, que ostentaba el poder tanto en Guerrero como en Iguala.
El alcalde de esa ciudad y su esposa fueron capturados, acusados de trabajar para Guerreros Unidos y ordenar el ataque contra los jóvenes.
Los familiares desconfían de las autoridades y de las confesiones de sicarios narcotraficantes difundidas por la fiscalía, que dijeron haber asesinado a los jóvenes y quemado sus cuerpos en un basurero de Cocula (vecina de Iguala) y arrojado los restos a un río.
"Al gobierno no le creo nada", reclama Blanca Navas, madre de otro de los desaparecidos.
Desde que la fiscalía divulgó el viernes esos escalofriantes testimonios, las protestas recrudecieron en Guerrero y se extendieron a estados vecinos, como Michoacán (oeste) y Oaxaca (sur), y hubo incidentes en una marcha el sábado en Ciudad de México.
Grupos de maestros radicales y estudiantes bloquearon durante horas el aeropuerto de la turística Acapulco (sur) e incendiaron en Chilpancingo, capital de Guerrero, la sede del oficialista PRI, el Congreso estatal y otros edificios públicos.
Peña Nieto hizo un llamado a la tranquilidad, del que se hizo eco Estados Unidos. "Instamos a todas las partes a mantener la calma", dijo Jen Psaki, vocera del Departamento de Estado, tras reiterar que este crimen "bárbaro" debe investigarse de forma completa y transparente.
Aunque el gobierno asegura que la búsqueda continúa, la fiscalía envió el miércoles restos hallados en el basurero y el río al prestigioso laboratorio de la Universidad de Innsbruck, que trabajó en sonados casos de identificación de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile y del tsunami en Sri Lanka.
El fiscal general, Jesús Murillo Karam, afirmó que será difícil que los restos puedan ser identificados por la extrema calcinación y porque a sólo dos huesos se les podría extraer ADN.
Los análisis podrían tardar "varias semanas", dijo a la AFP el vicecanciller Juan Manuel Gómez Robledo.
