“No me subestimen sectores de la burguesía. Si hay que expropiar, vamos a expropiar”, amenazó esta semana el presidente Nicolás Maduro, en caso de que se detectan comercios violando la Ley de Precios y Costos Justos, promulgada el 24 de enero.
Maduro busca replicar la estrategia de su mentor, el fallecido presidente Hugo Chávez (1999- 2013), quien estatizó sectores estratégicos como el energético, de comunicaciones, tecnológico, entre otros, para controlar más la economía.
La nueva ley fija un margen de ganancia máximo de 30% y estrictas sanciones administrativas y penales, de hasta 14 años de prisión, a quienes incurran en especulación, acaparamiento y contrabando de bienes. Las medidas forman parte del plan gubernamental contra la inflación –de 56,2% en 2013– y la escasez de productos como leche, azúcar, arroz o papel higiénico.
Sin embargo, los empresarios rechazan las amenazas del mandatario. Esta semana, Fedecámaras, la mayor gremial empresarial del país, anunció que impugnará ante el Tribunal Supremo de Justicia esta ley que, además de ser “inconstitucional”, restringe la libertad económica, limita la oferta y aleja las inversiones.
Los empresarios y analistas coinciden en que las compañías estatizadas en los últimos 15 años han disminuido su producción y son ineficientes.
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