Lima. Siguiendo los pasos de Odebrecht, la constructora brasileña OAS firmó un acuerdo de colaboración con la Fiscalía de Perú, que investiga presuntos sobornos a funcionarios y aportes ilegales a campañas electorales, informó este viernes un fiscal.

"La empresa OAS de Brasil ha decidido acogerse a los beneficios por colaboración eficaz y someterse plenamente a la legalidad de Perú", dijo al canal N el fiscal peruano Rafael Vela, jefe del equipo que investiga las supuestas dádivas de empresas brasileñas en Perú.

Éste es el segundo acuerdo de colaboración entre la Fiscalía peruana y una empresa brasileña, después de que el gigante brasileño de la construcción Odebrecht suscribiera uno el pasado 15 de febrero.

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"Este hecho es importante porque OAS, después de Odebrecht, es la empresa que ha tenido más envergadura en operaciones de construcción" en Perú, destacó Vela.

El fiscal explicó que el acuerdo "implica la asunción de culpabilidad en múltiples hechos y acontecimientos durante el desarrollo de sus actividades comerciales y la determinación de colaborar con el sistema de justicia sin ninguna restricción".

Vela indicó que OAS colaborará con la entrega de información sobre pagos ilícitos en Perú.

Además, el acuerdo "permite que se consolide el acogimiento a la colaboración eficaz de cinco exejecutivos de esta empresa", comentó Vela sin revelar sus nombres.

La empresa se comprometió a entregar un informe detallado sobre las coimas que habría pagado a funcionarios peruanos a cambio de contratos de obras públicas, indicó.

OAS y la Municipalidad de Lima

OAS es investigada en Perú por el financiamiento de la campaña contra la remoción de la entonces alcaldesa de Lima Susana Villarán, en el 2013.

Según un uno de los delatores en el marco del acuerdo de colaboración eficaz, la empresa brasileña dio un millón de dólares para esa campaña, lo que permitió a Villarán salvar su mandato.

La Municipalidad de Lima maneja un gran presupuesto para contratos de obras públicas.

También se vincula a OAS con hechos de corrupción en la construcción de obras del exalcalde limeño Luis Castañeda, como la concesión en 2009 del proyecto vial Línea Amarilla con un costo de $571 millones.

La compañía brasileña también estuvo a cargo de la construcción del hospital Lorena en Cusco (sur), caso que investiga al exgobernador Jorge Acurio y en el que también está salpicada Nadine Heredia, esposa del expresidente Ollanta Humala (2011-2016).

Con sede en Sao Paulo, el Grupo OAS es un conglomerado empresarial fundado en Salvador de Bahía en 1976.

Interpelación a ministro

Por otro lado, el ministro de Justicia peruano, Vicente Zeballos, será interpelado en el Congreso el 21 de marzo sobre el acuerdo de colaboración firmado por la Fiscalía con Odebrecht.

"Los fiscales y el procurador, quienes han sido los impulsores del acuerdo de colaboración eficaz, son autónomos en sus decisiones", aclaró el ministro, quien sin embargo está obligado a comparecer ante el Congreso.

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En virtud de este acuerdo, la empresa deberá pagar unos $182 millones como reparación civil a Perú, monto criticado por el presidente Martín Vizcarra, quien sostuvo que “debería ser mayor”.

"(El monto de la reparación), creo que debería ser mayor, pero tengo que respetar las instancias e independencia de poderes", dijo el presidente a periodistas el jueves.

El escándalo Odebrecht ha salpicado a los expresidentes peruanos Alan García (1985-1990 y 2006-2011), Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), los cuatro bajo investigación de la Fiscalía.

Además, en octubre fue enviada a prisión preventiva por 36 meses la líder opositora y dos veces candidata presidencial Keiko Fujimori, también por supuesto lavado de activos.

Otra excandidata presidencial, la socialcristiana Lourdes Flores, también está siendo investigada.

Odebrecht admitió en el 2016 ante las autoridades estadounidenses que pagó sobornos por 29 millones d en Perú entre el 2005 y el 2014.

Perú es uno de los países alcanzados por la operación brasileña anticorrupción Lava Jato, que descubrió que empresas de ese país pagaban coimas a funcionarios y autoridades para la obtención de contratos y ganar licitaciones dentro y fuera de Brasil.