Colombia suspende diálogos de paz con FARC tras secuestro de general

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, suspendió el domingo las negociaciones de paz con las FARC, que tienen lugar desde hace dos años en Cuba, tras el secuestro de un general en el oeste del país, atribuido por el gobierno a esa guerrilla comunista.

"Se suspende la negociación con Farc hasta que no se aclaren los hechos del secuestro del general Álzate: @PteJuanManSantos", señaló en su cuenta en Twitter el Ministerio de Defensa, citando al mandatario.

El gobierno de Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llevan adelante desde hace dos años en La Habana diálogos de paz para poner fin a un conflicto armado de más de 50 años, sin que se haya decretado un cese al fuego en Colombia.

El anuncio del presidente fue hecho al finalizar una reunión con la cúpula militar, convocada de urgencia tras conocerse el secuestro este domingo del brigadier general Rubén Alzate, comandante de la Fuerza de Tarea Titán del ejército, en una zona rural del departamento del Chocó.

Según las autoridades, junto con él fueron retenidos el cabo primero Jorge Rodríguez Contreras y la abogada Gloria Urrego, coordinadora de Proyectos Especiales de esa Fuerza de Tarea, durante un desplazamiento de civil para la supervisación de un proyecto energético.

"Es un secuestro totalmente inaceptable. Ya tenemos información que nos da certeza de que fueron las FARC", dijo Santos en rueda de prensa al cabo de la reunión en el Ministerio de Defensa.

El mandatario reponsabilizó a las FARC de la vida y seguridad de los tres secuestrados y exigió su liberación "cuanto antes".

"Mañana viajaban los negociadores de paz a una nueva ronda de negociaciones en La Habana. Les voy a decir a los negociadores que no viajen y que se suspende esta negociación hasta tanto no se aclare y se liberen estas personas", dijo Santos.

Las FARC, principal guerrilla del país y la más antigua de América Latina, cuenta oficialmente con unos 8.000 combatientes, esencialmente en zonas rurales.

Desde principios de 2012, este grupo rebelde se comprometió a no practicar más el secuestro de civiles, pero se reserva el derecho de capturar a policías o militares, considerados prisioneros de guerra.