Escuchar:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gruponacion/JWI2CVLWEBC6VK2JTKKDZMEEVA.jpg)
El presidente colombiano Iván Duque brindó un discurso después de firmar un decreto que faculta a la Policía para confiscar cualquier cantidad de droga a los consumidores, en el palacio presidencial de Nariño, en Bogotá. Foto: AFP (HO/AFP)
Bogotá. Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, endureció su política represiva contra las drogas mediante un decreto del gobierno que faculta a la Policía a decomisar hasta la dosis mínima de consumo.
El presidente Iván Duque firmó este lunes la polémica orden que le da “herramientas a la Policía” para “destruir” cualquier cantidad de estupefacientes en las calles, incluida la de marihuana o cocaína de uso personal que está despenalizada desde 1994.
La fuerza pública podrá "destruir la droga en las calles de nuestras ciudades; destruir cualquier dosis", dijo el mandatario alegando un "alarmante incremento" del consumo interno, que no sustentó en cifras.
Sin embargo, quien sea descubierto con el mínimo tolerado de sustancias prohibidas, no irá a la cárcel aunque quedará expuesto a multas.
La medida –que a ojos de los expertos supone un retroceso en la tesis internacional que venía sosteniendo Colombia sobre el fracaso de la persecución a las drogas– fue recibida con críticas por organizaciones independientes que han estudiado el fenómeno.
En entrevista con la AFP, Isabel Pereira, coordinadora de política de drogas del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), alertó, por ejemplo, sobre "los sobornos y abusos de la policía" que podrían desencadenarse en las capas sociales pobres.
LEA MÁS: Presidente de Colombia pide un cambio en la lucha contra las drogas
Tras casi cuatro décadas de combate frontal al narcotráfico con el apoyo y vigilancia de Estados Unidos, Colombia aún es el mayor proveedor de cocaína del mundo. En el 2017 alcanzó el récord histórico de 171.000 hectáreas de narcocultivos, según la ONU.
El gobierno de Duque, que asumió el poder el 7 de agosto con un mensaje conservador, está empeñado en revertir esta tendencia a través de la reanudación de las fumigaciones aéreas de narcocultivos, que en el pasado generaron fuertes protestas de campesinos cocaleros.
También ha anunciado una guerra sin tregua a los carteles y organizaciones de narcomenudeo, además del decomiso a partir de ahora de cuanta droga localice la policía en el espacio público.
Duque, que espera la visita a fin de año del presidente Donald Trump, duro crítico de los resultados antidrogas de Colombia, dejó en una situación incómoda a los consumidores ocasionales o recreativos.
"Aquellos a quienes les sea confiscada una cantidad igual o menor a la dosis mínima" deberán demostrar "debidamente" su condición de adictos, para que les sea devuelta la droga, según anticipó el gobierno en un comunicado.
Las normas colombianas no criminalizan el uso personal de hasta 20 gramos de marihuana o uno de cocaína. Sin embargo, en adelante los usuarios –ya sean ocasionales o crónicos– deberán probar que la necesitan.
"El decomiso de droga se hará mediante un proceso verbal", expresó el gobierno.
El nuevo decreto apunta principalmente a combatir el microtráfico –la venta de droga al menudeo que ha fortalecido a bandas criminales–, y llenar el vacío legal que, según el gobierno, había dejado una norma previa que despenalizaba el porte de la ración personal.
"La policía siempre había estado facultada para incautar drogas, pero quizá esta norma envía un mensaje simbólico" para que redoble su accionar en la calle, sostuvo Pereira.
LEA MÁS: Las FARC proponen legalizar el consumo de drogas en Colombia
Hasta el 2016 Colombia tenía casi millón y medio de consumidores de drogas ilícitas, un 3,1% de la población, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Incluso el porcentaje se sitúa por debajo del promedio mundial, que ronda el 5,6%, señaló la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito en su informe del 2018 sobre el fenómeno.
"Nos estamos devolviendo a una política que genera muchos daños, que sabemos que aleja a las personas de los servicios de salud (...); que sabemos que se da para corrupción policial y que sabemos que le cuesta mucho al Estado" en recursos humanos y financieros, comentó la experta de Dejusticia.
Pese a los cuestionamientos, Duque quiere enviar un mensaje de tolerancia cero frente a las drogas prohibidas. "Como colombianos no nos podemos sentir ni cómodos, ni muchos menos complacientes, ni mucho menos tolerantes, con una situación del aumento de consumos en las ciudades", enfatizó.
Más allá del uso problemático de drogas por parte de su población, Colombia enfrenta una peor secuela del narcotráfico: la financiación de los grupos armados que a lo largo de décadas han desafiado al Estado y han alimentado un conflicto interno que en todo este tiempo deja ocho millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.
