Condena de prisión de la activista Rocío San Miguel aumenta tensión en Venezuela

Caracas. La fiscalía venezolana defendió este miércoles la detención por “terrorismo” de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, un hecho que algunos califican de “escalada” contra la sociedad civil a pocos meses de las elecciones presidenciales.

A San Miguel, de nacionalidad venezolana y española, la acusan de "traición a la patria", "terrorismo" y "conspiración", por estar "vinculada de manera directa" con la supuesta operación "Brazalete blanco" para asesinar al presidente Nicolás Maduro, dijo el fiscal Tarek William Saab.

"Ella tenía una misión como parte de esa trama 'Brazalete blanco', incluso delatada por los militares detenidos", señaló Saab en declaraciones a la prensa. "Su misión era comunicar en tiempo real los avances de las acciones terroristas que se irían desarrollando".

San Miguel fue detenida el 9 de febrero cuando se disponía a viajar fuera de Venezuela junto a su hija, que luego quedó en libertad condicional. Su exesposo, el coronel retirado Alejandro José Gonzales, también fue arrestado bajo sospecha de “revelación de secretos políticos y militares”.

Sus hermanos y el padre de su hija también fueron detenidos aunque luego excarcelados. Saab los acusó de “encubrir medios probatorios”, un celular y una computadora portátil de San Miguel.

‘Violaciones’

Desde su arresto, que se hizo oficial el domingo en la tarde, los abogados de San Miguel denuncian la “desaparición forzosa” de su defendida, con la que aun no tuvieron acceso.

“Siguen las violaciones a las garantías y derechos fundamentales”, escribió uno de sus abogados, Joel García, el miércoles en X. “Estamos a las puertas del tribunal para ser designados como sus defensores, pero no fue posible por la ausencia del juez”.

“Transcurre el lapso para la apelación y para proponer diligencias de investigación, pero la idea es que transcurra sin defensa privada”, agregó.

Saab aseguró aseguró que todo se realizó conforme a derecho. “Explíquenme una desaparición forzada cuando alguien es presentada ante el tribunal (...), que ya fue comunicado por mi persona a solicitud de los fiscales del Ministerio Público”, señaló ofuscado.

‘Escalada contra ONGs’

“¡Liberen a Rocío!”, repetían este miércoles representantes de organizaciones no gubernamentales congregadas en Caracas para exigir la excarcelación de la directora de Control Ciudadano, que registra casos de violaciones de derechos humanos en civiles y militares.

“A Rocío San Miguel la detienen en una política del Estado venezolano de criminalizar las organizaciones de la sociedad civil y a sus miembros (...). Vemos una escalada en la profundización de la criminalización y la represión”, dijo a AFP la abogada Andrea Santacruz, de la ONG Civilis.

“Estamos seguros de que ella no está implicada en ningún hecho ilícito”, recalcó. Con la aprehensión de San Miguel suman 19 los detenidos por la operación “Brazalete blanco”, al tiempo que quedan por ejecutar 15 órdenes de arresto, detalló Saab, que acusó una “feroz campaña” internacional contra la justicia venezolana.

‘Puerta giratoria’

La detención de San Miguel entra dentro de un esquema que expertos denominan "puerta giratoria", y que consiste en concretar excarcelaciones al mismo ritmo en que se practican nuevos arrestos.

“La puerta giratoria fue una estrategia del régimen (...), lo hemos visto en este caso muy de cerca ya que a través de unas negociaciones del Acuerdo de Barbados se liberaron unas personas y ahora se vuelve a encarcelar otras”, declaró Alfredo Romero, de la ONG Foro Penal que defiende a “presos políticos”.

En diciembre pasado, 10 estadounidenses y 24 venezolanos presos por motivos relacionados con la política fueron excarcelados tras un acuerdo suscrito entre el gobierno y la oposición, de cara a las elecciones presidenciales en las que Maduro aparece como candidato natural a la reelección. A cambio, Estados Unidos liberó a Alex Saab, señalado de ser testaferro del presidente y acusado de lavado de dinero en ese país.

“Ya es costumbre que se inventan casos en contra de personas para justificar supuestos atentados”, añadió Romero, que estimó que el gobierno optó por pagar “un costo político bien alto”.