Habrían recibido amenazas y sienten temor por su integridad

 8 agosto, 2013

Ciudad de Guatemala

 Archivo.El juicio contra Efraín Ríos Montt fue anulado primero por la máxima instancia judicial del país por vicios en el proceso, y rechazado después por los magistrados que debían retomarlo.
Archivo.El juicio contra Efraín Ríos Montt fue anulado primero por la máxima instancia judicial del país por vicios en el proceso, y rechazado después por los magistrados que debían retomarlo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a Guatemala aplicar medidas cautelares para proteger a los tres jueces que condenaron por genocidio al exdictador Efraín Ríos Montt, informó este jueves una fuente humanitaria.

Los jueces Yassmín Barrios, Pablo Xitumul y Patricia Bustamante habrían recibido amenazas y hay temor por su integridad, indicó un comunicado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que hizo el pedido a la CIDH junto a la oficina del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala.

"Los jueces del citado tribunal han sufrido una intensa campaña de desprestigio y estigmatización, así como ataques a su independencia judicial. Además, han sido amenazados públicamente, inclusive por abogados de la defensa del exgeneral Ríos Montt", afirmó Cejil.

La CIDH confirmó que la decisión data del pasado 28 de junio y agregó que "en las últimas semanas, la CIDH ha recibido nueva información que sugiere una serie de presuntas falencias en los esquemas de protección proporcionados a favor de estas personas".

En agosto, la CIDH realizará una misión a Guatemala, agregó la oficina de prensa de la entidad.

Los tres jueces beneficiarios de las medidas integran el Tribunal de Mayor Riesgo A, que el pasado 10 de mayo condenó a Ríos Montt a 80 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, por la matanza de 1.771 indígenas ixiles perpetrada durante su gobierno de facto (1982-1983).

Sin embargo, el fallo fue anulado 10 días después por la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial del país, por errores procesales y ordenó retraer el proceso aunque se desconoce la fecha de su reinicio.

El gobierno de facto de Ríos Montt, entre marzo de 1982 y agosto de 1983, fue uno de los más cruentos de la guerra civil en Guatemala, que dejó 200.000 muertos y desaparecidos, según un informe de la ONU.

Según la página de la CIDH, las medidas cautelares se aplican en "situaciones de gravedad y urgencia (...) para prevenir daños irreparables a las personas" y aclara que, no constituye "prejuzgamiento" sobre el caso.