El mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala supone una experiencia sin precedentes contra grupos criminales dentro de instituciones del Estado en un país.
Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala firmaron el acuerdo de su creación en diciembre del 2006 y, en agosto del 2007, el Congreso guatemalteco lo ratificó.
En esencia, la Cicig es un órgano independiente e internacional cuya finalidad es apoyar al Ministerio Publico, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado tanto en investigación de delitos cometidos por miembros de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como en general en las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos.
Posee muchos atributos de un fiscal internacional, pero opera bajo las leyes guatemaltecas, en las Cortes de ese país y con procedimiento penales de esa nación.
Según su acuerdo constitutivo, debe asesorar técnicamente a organismos estatales de investigación penal, en particular al Ministerio Publico. Asimismo, puede hacer denuncias administrativas contra funcionarios públicos, sobre todo quienes han cometido actos para obstaculizar su mandato; entre otras potestades.
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