EscucharCiudad de Panamá. La empresa canadiense First Quantum Minerals implementó un plan de “retiro voluntario” para los empleados de su mina de cobre en el Caribe panameño, luego de que el contrato de concesión fuera declarado “inconstitucional”, según anunció la compañía este lunes.
La aprobación del contrato minero por parte del Congreso el 20 de octubre generó protestas que afectaron a Panamá durante más de un mes, y las movilizaciones concluyeron el martes pasado tras la decisión de la Corte Suprema que lo declaró “inconstitucional”.
La minera informó que llegó a un acuerdo con el sindicato mayoritario, UTRAMIPA, para implementar un programa especial de retiro voluntario para aquellos colaboradores que deseen solicitarlo. Este acuerdo incluye el pago de las sumas adeudadas legalmente, según indicó First Quantum en un comunicado.
“No se ofrecerá el programa voluntario a todos los colaboradores”, aclaró la minera, ya que “algunos de los puestos de trabajo aún serán necesarios para la fase de cuido y conservación (no operacional) de la mina”.
La empresa solicitó al Ministerio del Trabajo panameño la suspensión de los contratos de sus 7.000 empleados para dejar de pagar salarios después de detener las operaciones de la mina, pero aún no ha recibido respuesta.
Además, First Quantum inició un proceso arbitral internacional para “proteger sus derechos” en virtud del Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá. En caso de que Panamá pierda el arbitraje, podría enfrentar indemnizaciones multimillonarias.
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First Quantum Minerals, la compañía canadiense, ha implementado un plan de "retiro voluntario" para los empleados de su mina de cobre en el Caribe panameño después de que el contrato de concesión fuera declarado "inconstitucional". (LUIS ACOSTA/AFP)
La mayor mina de cobre a cielo abierto en Centroamérica, que representaba el 75% de las exportaciones panameñas y el 5% del PIB del país, producía alrededor de 300.000 toneladas de concentrado de cobre anuales desde 2019. Además de los 7.000 empleados directos, generaba 33.000 empleos indirectos.
Sin embargo, los ambientalistas, que protestaron y presentaron recursos de “inconstitucionalidad”, argumentaban que la mina causaba graves daños al medioambiente y que “Panamá vale más sin minería”.
La empresa reiteró este lunes su llamado a “iniciar un diálogo” con el gobierno para discutir el futuro de sus trabajadores y establecer una “hoja de ruta” para el cierre de la mina.
“Hasta que el Gobierno no establezca claramente una hoja de ruta, no se podrá determinar cuántos colaboradores podrán continuar trabajando finalmente en la empresa en tareas de cuido y conservación (no operacional), un factor clave para evitar desastres medioambientales futuros”, expresó la compañía.
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