Ciudad de Guatemala. La Corte Suprema de Justicia de Guatemala avaló este martes el pedido para quitar la inmunidad a los magistrados electorales por presuntas anomalías en la compra de un sistema informático utilizado en los comicios ganados por el socialdemócrata Bernardo Arévalo.
“Por mayoría, la Corte Suprema de Justicia dio trámite al antejuicio planteado y ordenó trasladar al Congreso para que resuelva”, informó José Leonel Marroquín, asesor del tribunal, a los periodistas.
El 27 de setiembre, la Fiscalía presentó la solicitud por los delitos de “abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude” contra ocho magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La Fiscalía también inició acciones legales contra el TSE y el partido Semilla, de Arévalo, por presuntas irregularidades en la inscripción de afiliados para su creación en el 2017.
“Esta Corte considera que el antejuicio no es espurio porque tiene un fundamento serio sustentado en los elementos de razonabilidad aportados por el ente fiscal”, agregó Marroquín.
‘Artificios para defraudar’
Según la Fiscalía, los magistrados incurrieron en irregularidades al suscribir un contrato por el programa informático para la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Este programa, adquirido por unos $19,3 millones a una empresa local, fue utilizado para el conteo de las actas electorales con el fin de agilizar los resultados preliminares de los comicios.
Para la Fiscalía, los magistrados cometieron fraude al Estado al adquirir un servicio unos $4,5 millones más caro que el ofrecido por otra empresa.
“A criterio del Ministerio Público, los magistrados antejuiciados posiblemente suscribieron el contrato administrativo utilizando artificios para defraudar al Estado”, afirmó Marroquín al leer la resolución de la Corte.
Ahora corresponde al Congreso formar una comisión que entregará un informe al pleno, que decidirá si les quita o no la inmunidad a los magistrados para ser investigados penalmente.
El presidente electo solicitó, el 14 de setiembre, retirar la inmunidad a Porras y al juez Fredy Orellana, a quienes acusa de orquestar un “golpe de Estado” para impedir que asuma el poder el 14 de enero en sustitución del derechista Alejandro Giammattei.
La persecución contra Semilla comenzó después de que Arévalo quedara en segundo lugar en las elecciones del 25 de junio y avanzara al balotaje del 20 de agosto, en el cual obtuvo un amplio triunfo con su promesa de combatir la corrupción.