EscucharEl país, antes visto --por las circunstancias-- como un aliado de la Unión Europea (UE) en el conflicto bananero, tiene ahora en sus manos la bandera de Estados Unidos: se comprometió a colaborar en la lucha porque se eliminen las trabas al comercio de esa fruta en el Viejo Continente.
Pero esa visión internacional de las posiciones no es compartida por el Gobierno costarricense y los productores nacionales, quienes dicen no ser abanderados de ningún país sino de la eliminación de trabas comerciales.
Pese a esto, mientras Estados Unidos mantuvo una investigación en contra de Costa Rica y Colombia, los impulsores de la demanda en el Departamento de Comercio y en el Congreso estadounidenses siempre sostuvieron que nuestro país se alió con la UE en detrimento de los intereses norteamericanos.
La opinión internacional sobre el punto de la balanza en la cual se ubicó no es, quizá, lo más relevante ahora para Costa Rica, sino la buena posición que logró para evitar futuras acciones en Estados Unidos.
La embajadora costarricense en Washington, Sonia Picado, explicó anoche que Chiquita Brands --la empresa que pidió la investigación contra el país-- puede nuevamente acudir ante la Oficina del Representante Comercial o ante el Senado, pero con muy poca posibilidad de éxito.
El senador Robert Dole, fuerte impulsor de las eventuales sanciones contra Costa Rica, tampoco tiene posibilidades de éxito si pensara nuevamente en un ataque contra el país.
La razón es clara, según Picado. Los que intentaron sanciones contra el país no tienen nada nuevo que añadir y, entonces, no es posible tener éxito con argumentos que ya se investigaron durante un año y no condujeron a sanciones.
En el Senado, por su parte, antes de que se terminara la actual investigación, varios de sus miembros habían dado a conocer su opinión en el sentido de que el caso corresponde a la Oficina del Representante Comercial y no a esa cámara. Aquí parecen cerradas también todas las posibilidades.
Queda una posibilidad en contra de nuestro país y es referida a un eventual incumplimiento del acuerdo suscrito con Estados Unidos.
En ese pacto, nuestro país se compromete, por ejemplo, a no distribuir discriminatoriamente --contra empresas de ciudadanos estadounidenses-- las licencias de exportación bananera a la UE y a algunos otros puntos que Picado consideró relativamente fáciles de cumplir.
