EscucharSan José (Redacción). La Procuraduría General de la República, solicitó al Tribunal que declaró la nulidad del decreto que fijaba el precio del arroz a los industriales en 2010, una aclaración sobre la tarifa temporal dictada en la sentencia.
Según Mayi Antillón, titular del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), se pidió al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, que aclare el fundamento usado para determinar el precio.
Al anular el decreto mediante la sentencia del 18 de julio pasado, el precio que se venía utilizando perdió vigencia. Es por eso que el Juzgado fijó como medida cautelar una tarifa de ¢23.131,72 por saco de arroz en granza de 73,6 kilogramos, mientras el MEIC establece siguiendo los lineamientos técnicos establecidos por Ley.
De acuerdo con la ministra Antillón el lunes 23 de julio la Procuraduría solicitó la aclaración al Tribunal. Y en un lapso de 15 días hábiles debe pronunciarse al respecto.
Pugna. El Decreto anulado es el N°36247-MEIC que data del 2010. Estableció el precio de venta del saco a los industriales en ¢20.050.
A principios del 2011, los productores de arroz interpusieron una demanda por considerar que no se ajusta a la realidad del mercado.
Además de dejar sin efecto el decreto, la sentencia condenó al Estado a cubrir los daños ocasionados a los productores por la medida.
Al conocerse la sentencia el MEIC indicó que el percio establecido por el Tribunal afectaría negativamente a los consumidores.
En esa oportunidad, este ministerio, el de Agricultura y el de Comercio Exterior, coincidieron en que el texto del fallo motiva una reflexión sobre el tema del precio.
Por ahora, la ministra Antillón prefiere no referirse al proceso debido a la aclaración solicitada al Tribunal. Sin embargo, admite que se está haciendo una revisión estructural de la fijación tarifaria y del mercado.
Al respecto, Anabel González, ministra de Comercio Exterior, ha expresado que la sentencia reitera la necesidad de que el precio se fije al amparo de la normativa sobre competencia. Es decir, con carácter excepcional y temporal.
Y recuerda que Costa Rica debe cumplir con sus obligaciones internacionales ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
