EscucharLos destinos específicos establecidos en la Constitución Política, como el 8% de la producción para la educación, o la aprobación de leyes sin contenido financiero, impiden al Ministerio de Hacienda recortar el gasto público.
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El 59% de los gastos por remuneraciones del Gobierno Central corresponde a la planilla del Ministerio de Educación Pública. | ARCHIVO (Adrian Soto)
Este fue uno de los argumentos que ayer esgrimió el Ministerio de Hacienda para justificar el elevado gasto estatal, que en el proyecto de presupuesto nacional del 2014 asciende ¢6 billones (millones de millones).
Marjorie Morera, directora general del Presupuesto Nacional, explicó que esos mandatos obligan a destinar recursos por encima de los ingresos del Gobierno, lo que equivale a desembolsar ¢1,75 por cada ¢1 que llega a las arcas de Hacienda.
Siguiendo con esa comparación, ese ¢1,75 de gasto por cada ¢1 de ingreso se desglosa de la siguiente forma: los mandatos constitucionales equivalen a ¢0,60; las leyes específicas a ¢0,39; el servicio de la deuda a ¢0,51; otras remuneraciones a ¢0,15 y los gastos restantes a ¢0,10.
Si se distribuye el gasto público por desembolso, las remuneraciones y las transferencias acaparan el 78% de las erogaciones.
En el caso de las remuneraciones, estas pasaron de representar el 5,45% del PIB en el 2008 a un 7,26% el año pasado.
Una buena parte de esto correspondió a aumentos de los salarios del Gobierno Central, que crecieron un 25% en relación con el PIB per cápita.
Esto, a su vez, provocó incrementos en pensiones indexadas a los salarios, y otras remuneraciones de instituciones autónomas o descentralizadas.
Manrique Sáenz, asesor del Ministerio de Hacienda, comentó que el 59% de la planilla del Gobierno Central corresponde al Ministerio de Educación.
Las cifras trascendieron ayer en el desarrollo de la tercera mesa de diálogo fiscal que analizó la calidad del gasto público. La actividad es promovida por el Ministerio de Hacienda.
Propuesta. Para atacar el crecimiento en las remuneraciones, Hacienda propone una reducción en el ritmo de acumulación del pago de anualidades, limitar el gasto por dedicación exclusiva, un tope a las pensiones y una reforma a salarios públicos.
Miguel Gutiérrez Saxe, director del Programa de Estado de la Nación, apoyó revisar los gastos, pero cuestionó que se hagan en áreas como salud o educación.
La misma duda expuso Carlos Palma, decano de la Universidad de Costa Rica, quien criticó la posibilidad de hacer recorte al presupuesto del sector educativo.
Ottón Solís, candidato a diputado del Acción Ciudadana , hizo un llamado a mayor transparencia en el gasto.
