El Gobierno y la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) están enfrascados en una disputa que mantiene trabado el proyecto de fraude fiscal, debido al registro de accionistas, y si este debe contener a los beneficiarios legales o finales.
Ese registro es una base de datos que incluye los nombres de los dueños de las empresas.
Los dueños de las firmas pueden ser sociedades, que son los beneficiarios legales, pero el Ministerio de Hacienda quiere ir más allá y conocer quiénes son los beneficiarios finales; es decir, los nombres de los dueños de las sociedades propietarias de las empresas.
Ronald Jiménez, presidente de la Uccaep, aseguró que para fines de fiscalización tributaria, lo importante son los beneficiarios legales.
Argumentó que los beneficiarios finales son importantes para combatir el lavado de dinero y, por eso, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sí requiere esta información y están de acuerdo.
No obstante, para efectos de cumplir con la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) solo se requieren los legales.
El Gobierno, por su parte, considera indispensable contar con el reporte del beneficiario final de los capitales invertidos en entidades jurídicas (sociedades, fideicomisos y otros) con el fin de satisfacer las normas que establece el GAFI y las exigencias de transparencia de la OCDE.
“El cumplimiento de lo que establece GAFI, sobre el suministro de la información del beneficiario final, es indispensable con el fin de proteger a nuestro país contra el financiamiento al terrorismo y al lavado de capitales y, a su vez, es información que nos permitirá cumplir con los estándares internacionales en materia de transparencia hacendaria”, manifestó el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro.
Según Alfaro, en julio pasado, el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica presentará su análisis sobre los países que no colaboran en la prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo (lista gris), por lo que el Poder Ejecutivo considera necesaria la aprobación, a la mayor brevedad, de este proyecto. La discusión continuará en la Asamblea Legislativa.
En los puntos en los que sí hubo acuerdo fueron: la localización de la base de datos en el Banco Central, las sanciones por incumplimientos, y los casos de acceso de la base de datos.