Cámara alega que se desvirtúa concepto de sociedad anónima

Por: Patricia Leitón 10 abril, 2015

San José.

La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) presentó un recurso contencioso administrativo contra una resolución de la Dirección General de Tributación que obliga a las grandes empresas detallar el registro de sus accionistas.

La resolución, del 24 de julio del 2014, obliga a las empresas a entregar gran cantidad de información por medio de la herramienta Análisis Multifuncional Programado y Objetivo (AMPO), entre la cual se solicita el detalle los accionistas y la participación que poseen.

El plazo para presentar la información se ha extendido dos veces y actualmente es el 30 de abril.

El Presidente de la Cámara de Industrias, Enrique Egloff, señaló que se debe detener esta medida y defender el marco de seguridad jurídica de las empresas y que, en un contexto como el actual, este tipo de acciones también afecta el clima de negocios del país, generación de empleo y productividad de las empresas.

"Con esta resolución, la Dirección General de Tributación obliga a los grandes contribuyentes a entregar documentación privada sin que medie orden de juez o exista disposición de ley, violando lo que establece la Constitución Política al respecto. Además, la Dirección se está atribuyendo la potestad de establecer y cobrar multas, sin respaldo legal, dejando al contribuyente sin capacidad de defenderse", mencionó Egloff.

“La obligación de revelar los socios de una empresa desvirtuaría el concepto de una Sociedad Anónima
“La obligación de revelar los socios de una empresa desvirtuaría el concepto de una Sociedad Anónima", dijo Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias.

La CICR considera que dicha solicitud de información es contrario al ordenamiento jurídico, violenta normas legales y por esa razón ha presentado una demanda ante un juzgado contencioso - administrativo.

"La obligación de revelar los socios de una empresa desvirtuaría el concepto de una Sociedad Anónima y transgrede los límites establecidos por nuestra Constitución Política, agregó Egloff.

La Cámara solicitó que se anule el artículo 8 del Reglamento del AMPO y el artículo 3 del "Anexo a Resolución DGT-R-030-2014, Resumen de Información Contenida en la Herramienta AMPO", del mismo Reglamento.