San José.
La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) presentó un recurso contencioso administrativo contra una resolución de la Dirección General de Tributación que obliga a las grandes empresas detallar el registro de sus accionistas.
La resolución, del 24 de julio del 2014, obliga a las empresas a entregar gran cantidad de información por medio de la herramienta Análisis Multifuncional Programado y Objetivo (AMPO), entre la cual se solicita el detalle los accionistas y la participación que poseen.
El plazo para presentar la información se ha extendido dos veces y actualmente es el 30 de abril.
El Presidente de la Cámara de Industrias, Enrique Egloff, señaló que se debe detener esta medida y defender el marco de seguridad jurídica de las empresas y que, en un contexto como el actual, este tipo de acciones también afecta el clima de negocios del país, generación de empleo y productividad de las empresas.
"Con esta resolución, la Dirección General de Tributación obliga a los grandes contribuyentes a entregar documentación privada sin que medie orden de juez o exista disposición de ley, violando lo que establece la Constitución Política al respecto. Además, la Dirección se está atribuyendo la potestad de establecer y cobrar multas, sin respaldo legal, dejando al contribuyente sin capacidad de defenderse", mencionó Egloff.
La CICR considera que dicha solicitud de información es contrario al ordenamiento jurídico, violenta normas legales y por esa razón ha presentado una demanda ante un juzgado contencioso - administrativo.
"La obligación de revelar los socios de una empresa desvirtuaría el concepto de una Sociedad Anónima y transgrede los límites establecidos por nuestra Constitución Política, agregó Egloff.
La Cámara solicitó que se anule el artículo 8 del Reglamento del AMPO y el artículo 3 del "Anexo a Resolución DGT-R-030-2014, Resumen de Información Contenida en la Herramienta AMPO", del mismo Reglamento.