El Ministerio de Hacienda propondrá un proyecto para reformar la Ley de Contratación Administrativa con el objetivo de fortalecer su rectoría sobre las entidades, a fin de obligarlas a usar un sistema único de compras públicas.
El ministro de Hacienda, Helio Fallas, explicó que actualmente pueden obligar a las entidades de la administración central, pero no a todas las instituciones públicas.
“Nosotros no le podemos decir a la Caja Costarricense del Seguro Social 'usted tiene que utilizar el Sicop (Sistema Único de Compras Públicas)', porque la Caja nos dice nosotros que somos autónomos e independientes”, citó como ejemplo el ministro.
El año pasado comenzó a regir la ley número 9.395, publicada en La Gaceta del 13 de setiembre del 2016, que impulsó el diputado Ottón Solís, y que también reformó la Ley de Contratación Administrativa, la cual obliga a todas las entidades públicas a utilizar el sistema único de compras.
Esta ley establece en la reforma al artículo 40: "Toda la actividad de contratación regulada en la presente ley, así como aquella que se regule bajo cualquier régimen especial, deberá realizarse por medio del Sistema digital unificado de compras públicas. Dicho sistema de gestión será único y centralizado y su administración estará a cargo del Poder Ejecutivo".
No obstante, según Fallas, a como está redactada la ley, Hacienda no tiene la autoridad para exigirle a las instituciones públicas a usar el sistema, pues la ley habla del sistema digital y el sistema de compras públicas es más general.
Explicó que para tener claridad sobre el tema enviarán pronto una consulta a la Procuraduría General de la República para aclarar si con la ley 9.395, Hacienda, como rector del sistema, tendría autoridad para obligar a las entidades a usar el mecanismo único.
Fabián Quirós, director general de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, explicó que el proyecto también pretende reducir plazos en distintas fases de compra, simplificar procedimientos y delegar el recurso de apelación, que actualmente lo resuelve la Contraloría General de la República, al máximo jerarca de la institución.
Fallas comentó que le presentaron el proyecto a la Contraloría General de la República y recibieron algunas observaciones.
Quirós informó de que actualmente hay 68 instituciones de la administración central, más 48 más del resto del sector público, que utilizan el Sicop y en el 2017 entrarían 25 instituciones adicionales.
Añadió que la ley que impulsó Solís es una condición necesaria, quieren complementarla, en el tema legal y funcional, además de la plataforma.