En medio de una situación fiscal difícil, resurge la discusión sobre si el Estado debe reestructurar o cerrar algunas instituciones en dificultades y que afectan el déficit financiero del sector público.
El camino más utilizado, hasta ahora, es reestructurarlas.
Algunos casos recientes son el Consejo Nacional de Producción (CNP) y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), las cuales, actualmente, se encuentran en un proceso de modernización.
Otro caso es el de Radiográfica Costarricense (Racsa) que está en proceso de restaurar sus finanzas.
Casi no se ve en el menú. En el documento En ruta hacia a la consolidación fiscal: agenda para un diálogo nacional, que publicó el Ministerio de Hacienda y que trae ideas para combatir el déficit, es muy poco lo que se incluye en relación con evaluar la existencia de algunas instituciones.
Consultado sobre las razones, el ministro de Hacienda, Édgar Ayales, comentó que en el área de gobernabilidad, hay una parte muy pequeña, que incluye la idea de eliminar duplicidades.
“Vamos a provocar una reunión sobre el tema, a mí me interesa, hay duplicidad (sic) de funciones a nivel de entidades desconcentradas”, comentó el jerarca.
En relación con los sectores donde hay entidades que desempeñan funciones similares, Ayales señaló que algunos ejemplos podrían ser el sector vivienda, que tiene al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y al Ministerio de la Vivienda; o en el sector productivo, donde se encuentran el CNP, el Ministerio de Agricultura y la Fábrica Nacional de Licores.
Consultado sobre las razones por las cuales se ha dejado de lado la discusión en torno a cuáles instituciones cumplen sus objetivos y cuáles no, el ministro de Planificación, Roberto Gallardo, comentó que la Contraloría General de la República lo hace con cierta regularidad.
“Nosotros hemos mantenido un proceso de reflexión acerca del Estado y la reforma del Estado, que está muy plasmada en los proyectos de ley que se enviaron a la Asamblea Legislativa como producto del trabajo de la Comisión de Notables”, respondió Gallardo.
Añadió que la premisa es que la reforma del Estado es un proceso permanente de acompañamiento de las instituciones y que las contralorías de servicios deberían servir para determinar si las instituciones se están alejando mucho de sus propósitos originales.
Consultado sobre cuáles entidades deberían evaluarse, el exministro de Planificación y de Vivienda, Helio Fallas, opinó que cree, más bien, en una revisión general, para saber si cumplen con los objetivos que se les asignaron cuando fueron creadas y conocer los problemas que han tenido para cumplir.
Sobre la labor de las entidades, la Contraloría publica el Índice de gestión institucional ; no obstante, también aclara, es una autoevaluación que ellos no verifican.