Funcionarios de la Administración Tributaria han aclarado que la intención de publicar la “Resolución sobre la Declaración de Accionistas en Sociedades” y la consecuente creación del Registro de Accionistas de Costa Rica, es poder controlar el pago del impuesto de traspaso sobre bienes inmuebles, cuando el mecanismo que se escoge para realizar dicha negociación es el endoso de acciones y no el cambio de propietario registral.
El tema se relaciona con la reforma al artículo 2 de la Ley del Impuesto sobre el Traspaso de Bienes Inmuebles, que a partir de la promulgación de la Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria (28 de setiembre del 2012), señala que “(…) se entenderá por traspaso todo negocio jurídico por el cual se transfiera, directa o indirectamente, un inmueble, atendiendo a la naturaleza jurídica del negocio respectivo y no a la denominación que a este le hayan dado las partes. Por traspaso indirecto se entiende cualquier negocio jurídico que implique la transferencia del poder de control sobre una persona jurídica titular del inmueble (…)”.
Durante muchos años se utilizó en nuestro medio el mecanismo de inscribir inmuebles valiosos a nombre de sociedades comerciales, con la finalidad de que si luego se quería traspasarlos, se hiciera mediante la “venta de la sociedad” (endoso de acciones) y no mediante la “venta del inmueble”. La finalidad era evitar el pago de los derechos y timbres para que un terreno cambie de propietario en el Registro.
Controlar esos traspasos de acciones, que no se presentan ni se informan a ningún registro público, es el problema que tiene la Administración y con tal objetivo es que se pretende recopilar la información de todos los socios y de todas las sociedades.
Podría pensarse en formas más simples para recabar esa información, como imponer la obligación a los representantes sociales en cuanto a reportar los traspasos de acciones que superen un determinado porcentaje anual o semestral; o bien establecer requisitos formales para cuando el traspaso de acciones supere determinado porcentaje del capital social (intervención de un notario público por ejemplo). Pero la idea de imponer la obligación a todas las sociedades, aunque no estén traspasando acciones, parece excesiva.