¿Desde cuándo advirtió la Supén a la Corte sobre la ilegalidad de las pensiones otorgadas bajo la Regla IV?
Desde hace casi una década, en el año 2005. En ese momento se advirtió a la Corte de que estaban otorgando montos de pensiones mayores, mediante una interpretación ilegal con motivo de una reforma de ley que hizo un poco más restrictivas las condiciones de pensión.
”Los requerimientos realizados por Supén fueron suspensión inmediata del acuerdo de la Regla IV, recalcular los beneficios para establecer los montos pagados de más e iniciar los trámites para reintegrar al fondo los dineros pagados en exceso”.
¿A cuánto asciende el pago de más, hecho en pensiones?
El impacto del perjuicio monetario ocasionado por el uso de la Regla IV y la revaluación incorrecta de los beneficios otorgados, entre enero del 2000 hasta julio del 2012, es de ¢4.000 millones de su valor actualizado a julio del 2012. Mientras que su valor actuarial es de ¢20.000 millones.
”Desde ese año (2012) se siguen otorgando pensiones ilegales y nos encontramos en medio de una actualización de los montos (entregados de más)”.
¿Deben sentarse responsabilidades en este caso?
Sí, desde hace casi 10 años venimos insistiendo en que se detenga esta práctica, que se devuelvan las sumas pagadas de más y que se establezcan responsabilidades. El daño al fondo de pensiones ya está materializado y contribuyó a llevarlo al grado de insolvencia en que se encuentra.
¿Cuál es el perfil de los favorecidos con la Regla IV?
No existe un perfil del puesto desempeñado por el afiliado que se acoge al beneficio. O sea, cualquier funcionario, indistintamente del perfil, podía beneficiarse con la Regla IV.