Pese a que el acuerdo bananero entre Estados Unidos y Costa Rica establece que ambas naciones deben instar a la Unión Europea (UE) para que permita un comercio más libre de esta fruta, lo cierto es que no se vislumbra un cambio de postura por parte del Viejo Continente.
Así lo manifestó ayer el español Lorenzo Sánchez, encargado de negocios de la Delegación de la Comisión Europea para Centroamérica y Panamá; oficina con sede en nuestro país.
"No creo que a corto plazo haya variaciones espectaculares en el acuerdo marco para la importación de banano de Latinoamérica", aseveró este funcionario, quien sustentó su posición con dos razones.
En primer lugar, el régimen comercial en cuestión fue creado para favorecer la producción de banano de las antiguas colonias europeas en Africa, el Caribe y el Pacífico (ACP).
Asimismo, el hecho de que esta regulación fue aprobada como parte de la ratificación de la Ronda Uruguay del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio), hecho que contó con el voto de Estados Unidos.
"Me congratulo de que Costa Rica y Estados Unidos hayan llegado a un acuerdo, pero nuestra posición no ha variado. El asunto se seguirá discutiendo en la Organización Mundial del Comercio (OMC, instancia en la que la Casa Blanca denunció a los europeos en setiembre de 1995) y espero que en algún momento haya una solución definitiva", expresó Sánchez.
Consultado sobre el tipo de instancia que el Gobierno y la administración Clinton harán a la UE, José Rossi --ministro de Comercio Exterior-- aprovechó la ocasión para asegurar que es erróneo interpretar que Costa Rica se ha convertido ahora en un aliado de los intereses estadounidenses.
"No somos aliados ni de uno ni de otro. En ningún momento nos aliamos con la UE; solo se firmó un convenio para ayudar al sector bananero en una situación que lo perjudicaba. Ahora hemos llegado a un acuerdo con Estados Unidos para poner fin a un conflicto que nos preocupó por un año", declaró.
En boca de Kantor
Rossi dijo que buscar una mayor apertura al comercio de musáceas en Europa ha sido una lucha constante de Costa Rica, por lo que el compromiso adquirido con el gobierno de Clinton no significa un cambio de rumbo.
Luego explicó que las futuras instancias serán similares a las que la administración Figueres ha realizado hasta ahora: gestiones en el ámbito político ante altas autoridades de los países y de la Comisión Europea, y por medio de las embajadas. Adelantó que dentro de pocas semanas viajará a Bruselas --sede de la OMC- -en aras de seguir procurando un cambio de posición en la UE.
Sin embargo, Mickey Kantor --representante comercial de Estados Unidos-- espera mucho más de nuestro país.
En una información difundida desde Washington, por la agencia de noticias AFP, dicho funcionario asegura que su nación continuará "presionando a Colombia y Costa Rica para suspender los elementos distorsionantes" del acuerdo bananero con los europeos "o adoptar medidas que puedan tener un efecto comparable a tal acción".
Por razones como la anterior es que Enrique Vásquez --abogado de Chiquita aquí-- considera que esta empresa salió favorecida con el resultado de la recién concluida investigación efectuada por la oficina de Kantor, tendiente a comprobar si en Costa Rica y Colombia se discrimina a las empresas bananeras estadounidenses por causa del acuerdo marco europeo.
No obstante, en opinión de Sonia Picado --embajadora costarricense en Washington-- la indagación aludida no concluyó que en nuestro país se discrimine a las compañías de los Estados Unidos.
Explicó que "injusto" y no "discriminatorio" es el término que Kantor ha empleado para referirse a las políticas comerciales de Costa Rica; detalló que la primera de estas palabras implica la búsqueda de soluciones bilaterales, mientras que la segunda conduce a sanciones unilaterales.
Juntas pero no revueltas
Aunque las empresas bananeras Chiquita Brands Company y Dole (Standard Fruit Company) son estadounidenses, no han conformado una yunta que hale parejo en la disputa comercial entre Estados Unidos y Costa Rica.
Prueba de lo anterior es que solo Chiquita planteó la denuncia --en setiembre de 1994--, que provocó que la Oficina del Representante Comercial de la administración Clinton, Mickey Kantor, iniciara una investigación para comprobar si en efecto en nuestro país se discrimina a las compañías bananeras de Estados Unidos.
Asimismo, ha sido solo en defensa de los intereses de Chiquita que el senador republicano Robert Dole ha impulsado una moción tendiente a que el y Congreso apliquen fuertes sanciones comerciales a Costa Rica; gestión que se encuentra en punto muerto hoy día, según nuestra embajadora en Washington, Sonia Picado.
La empresa Dole, en cambio, ha apoyado --mediante gestiones de sus abogados y funcionarios-- a Costa Rica ante el despacho de Kantor y el Senado.
Cabe aclarar que la firma Dole no guarda ninguna relación con el senador Dole; la coincidencia del nombre de la primera y el apellido del segundo es meramente casual.
Tampoco existen vínculos entre las dos compañías aludidas...
Cámaras piden fideicomiso
En aras de que el Gobierno no sufra congojas económicas a la hora de tener que costear trámites y honorarios de abogados que defiendan al país en futuras disputas comerciales, el sector privado costarricense sugiere la creación de un fideicomiso.
Tal propuesta, que será analizada por la administración Figueres, fue planteada durante una reunión que las cúpulas empresariales celebraron ayer con el ministro de Comercio Exterior, José Rossi.
La idea surgió a raíz de las carreras que el Poder Ejecutivo tuvo que emprender para conseguir los $220.000 (¢43 millones) que costó la defensa de la posición costarricense durante la recién concluida investigación realizada por el gobierno de Bill Clinton, en aras de verificar si en Costa Rica se discriminaba a las compañías bananeras estadounidenses.
En dicho encuentro, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP) y la Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO) felicitaron al Gobierno por las gestiones diplomáticas, legales y técnicas que efectuó, las cuales redundaron en que la indagación aludida concluyera sin sanciones en contra de nuestro país.
Fuente: UCCAEP y CADEXCO.