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La ley 9050 crea tres impuestos sobre los casinos y un impuesto a las empresas dedicadas a la recepción y el procesamiento de datos que generan apuestas electrónicas. | ARCHIVO.
San José (Redacción). La Contraloría General de la República emitió un informe en el que detalla el hallazgo de inconsistencias en la información que tiene la Dirección General de Tributación (DGT) para la recaudación del impuesto a casinos y empresas de enlace de llamadas a apuestas electrónicas.
“Se observan inconsistencias de naturaleza y magnitud importantes entre las posibles fuentes de información disponibles para la construcción de los registros de contribuyentes de los impuestos estudiados, lo cual podría reflejar un riesgo en su correcta y oportuna recaudación”, señala la Contraloría en un informe divulgado hoy.
Como ejemplo, el ente contralor señala que el Ministerio de Seguridad Pública reporta tres casinos autorizados que no aparecen en el registro de contribuyentes de la Dirección General de Tributación (DGT), mientras que esta entidad reporta quince casinos que, habiendo presentado declaración en cada uno de los veintiún meses del período enero 2011 a setiembre 2012, no se reportan como autorizados por parte del Ministerio de Seguridad Pública.
Como medida correctiva, la Contraloría dispuso que el Ministro de Seguridad Pública realice a la brevedad un censo de los casinos que operan en el país, y que les exija a éstos los requisitos para obtener la autorización de funcionamiento.
Por su parte, el director de Tributación deberá constituir el registro de los contribuyentes de estos impuestos con base en información suministrada por el Ministerio de Seguridad Pública, la Caja Costarricense de Seguro Social y la información disponible en la DGT, “en aras de garantizar el debido recaudo de dichos tributos”.
La auditoría hizo una recopilación, análisis y comparación de información disponible sobre posibles contribuyentes de los impuestos y sobre las variables del monto de estos impuestos, en la Dirección General de Tributación (DGT), así como en otras instituciones que en el ejercicio de sus funciones producen o recopilan información pertinente para el propósito de la auditoría.
