Dublín (AFP). Los ministros de Finanzas de la zona euro validaron este viernes las condiciones del rescate de Chipre y se mostraron “favorables” a dar a Irlanda y Portugal una prórroga para devolver los vencimientos de los respectivos rescates.
“Celebro que el acuerdo con la troika de acreedores de Chipre (UE, BCE y FMI) está conforme a los parámetros y objetivos fijados por el Eurogrupo” a fines de marzo, declaró el jefe del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, en rueda de prensa en Dublín.
El “acuerdo político abrirá la vía a la validación a nivel nacional”, ya que ahora necesita la luz verde de los parlamentos nacionales, explicó a su lado, el vicepresidente de la Comisión Europea (CE) y responsable de asuntos monetarios, Oli Rehn.
“Espero que podamos finalizar con ese proceso a fines de abril”, añadió. Chipre necesita cuanto antes el primer desembolso de la ayuda dado que a principios de mayo debe pagar los salarios de los funcionarios y las pensiones.
Los ministros de los 17 países de la zona euro validaron el memorando de entendimiento (MoU) que fija las condiciones que le exigen a Chipre a cambio del rescate aprobado el 25 de marzo de hasta 10.000 millones de euros.
Sin embargo desde esa fecha las condiciones han cambiado drásticamente. Según documentos filtrados esta semana, las necesidades de Chipre en el marco del plan de rescate pasaron de 17.500 millones a 23.000 millones de euros.
Pero eso, según Rehn, se debe a que la estimación inicial contempla las necesidades netas del país, mientras que los 23.000 millones incluyen los requerimientos globales del sistema financiero.
Los acreedores de Chipre se comprometieron a aportar 10.000 millones, y aclararon que no darán ni euro más, a cambio de medidas de austeridad y una drástica reestructuración del sistema financiero chipriota.
Para lograr el resto de los fondos, Chipre prevé un aumento de impuestos que le permitirá recaudar unos 600 millones de euros, la venta de reservas de oro (400 millones) y una reducción de funcionarios públicos. Además, el país acordó una reestructuración de su sistema bancario que hará perder parte de sus ahorros a los que tienen más de 100.000 euros en depósitos en los dos principales bancos del país, el Bank of Cyprus y el Laiki, que será liquidado.
En este contexto, se prevén dos años muy difíciles para Chipre, con una caída del PIB del 8,7% en 2013 y del 3,9% en 2014, antes de registrar una leve recuperación en 2015 (+1,1%).
La zona euro se mostró además favorable a conceder una prórroga de siete años en los vencimientos de los rescates a Portugal e Irlanda.
La medida deberá recibir el aval de todos los ministros de Finanzas de la UE, que el sábado debatirán la posibilidad de extender el plazo establecido para Irlanda y Portugal para que devuelvan los préstamos de sus rescates, de 85.000 millones y 78.000 millones de euros respectivamente.
“Los ministros del Eurogrupo quieren que se tome una decisión definitiva y positiva” sobre este tema, dijo Dijsselbloem.
La Unión Europea ya había alcanzado un acuerdo de principio para estos dos países, pero la reciente crisis política en Portugal complicó las cosas.
Cuando los europeos aún no habían terminado de digerir el polémico rescate de Chipre, el Tribunal Constitucional de Portugal declaró inconstitucional un paquete de medidas del presupuesto en vigor, sellado hace dos años con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Portugal debió detallar los recortes que prevé para alcanzar la meta de déficit pactada con Bruselas, 5,5% de aquí a fines de 2013, y tranquilizar a sus socios de que podrá cubrir el agujero de 1.300 millones de euros que le deja el fallo del Tribunal.
El gobierno conservador portugués ya anunció que reducirá los gastos en educación, sanidad, en prestaciones de Seguridad Social y en empresas públicas.
Tanto para el gobierno portugués como para la troika la máxima prioridad es volver al mercado privado de deuda, lo que permitirá al país recobrar su autonomía financiera.
La reunión, que el sábado incluirá a todos los ministros de la Unión Europea, también contempla debatir medidas para luchar contra la evasión fiscal, que cuesta a Europa “más de un billón de euros por año” y se ha convertido en la última cruzada europea.
Así, Luxemburgo ha sucumbido a las presiones de sus socios europeos y de Estados Unidos y ha empezado a desmantelar parcialmente el secreto bancario, al aceptar el intercambio automático de información en algunos casos a partir del 1 de enero de 2015.
Ahora sólo queda convencer a Austria, la única que se resiste, pese a las presiones internacionales contra los paraísos fiscales y el fraude. Pero la ministra de Finanzas austriaca, Maria Fekter, insistió en que su país no piensa levantar el secreto bancario.