III Parte. Todo tenía que acabar el 15 de marzo, pero el tiempo no alcanzó. La Junta Liquidadora del disuelto Banco Anglo Costarricense (BAC) aún no finaliza su trabajo y pidió al Banco Central ampliar el plazo hasta el próximo 28 de junio.
Marco Hernández, presidente de la Junta, argumenta que todavía quedan procesos pendientes, por lo cual se vieron imposibilitados de cumplir con el plazo establecido. El anuncio se da en momentos en que el primer vicepresidente de la República, Rodrigo Oreamuno, reconoció que la junta directiva del Banco Central pretende que el proceso se acelere.
La principal vertiente de trabajo de la Junta la constituyen la venta de la cartera de créditos, los trámites de cobro judicial y los arreglos de pago. Además, se ha encargado de la venta de los bienes y edificios del BAC, así como de las gestiones de cancelación de compromisos y traspaso de funciones a otras instituciones bancarias.
En el campo administrativo, pese a que algunos exempleados del Anglo consideran excesivo el tiempo y la magnitud del proceso de liquidación, tanto el Gobierno como el propio Hernández consideran que, de acuerdo con el volumen de trabajo que implica el cierre, la duración ha sido razonable.
La labor de la Junta se inició el 1º de enero de 1995, luego de que el 27 de diciembre de 1994 entrara a regir la Ley No. 7471, mediante la cual se creó el grupo liquidador, adscrito al Banco Central de Costa Rica (BCCR). Este procedimiento sucedió a la intervención y el cierre del Anglo, luego de que la Auditoría General de Entidades Financieras (AGEF) encontró graves anomalías en las operaciones de la institución bancaria.
Lenta recuperación
La herramienta que esperaba la Junta Liquidadora para acelerar el trámite la obtuvieron el 27 de noviembre del año pasado, 11 meses después del inicio de sus funciones.
Según Marco Hernández, fue con las facultades que les otorgó el artículo 178 de la Ley Orgánica del BCCR, número 7558, que pudieron agilizar el traspaso de los bienes del Anglo al ente emisor, para que este, a su vez, cancele las pérdidas cambiarias a los bancos comerciales del Estado.
El Anglo recibió del Banco Central fondos por ¢49.000 millones entre el momento de la intervención y el 31 de julio de 1995, lo cual se tradujo en descapitalización de los bancos. Ahora, parte de la recapitalización se hará mediante los bienes trasladados y algunas carteras de crédito.
En este último rubro, Hernández detalló que los bancos estatales seleccionaron 6.766 operaciones que significan un total nominal de ¢9.230 millones, mientras que los bienes inmuebles y equipo llegarían a cubrir ¢1.289 millones, aproximadamente.
En la actualidad la cartera del antiguo BAC ronda los ¢24.000 millones. Ya vendieron ¢2.500 millones y $368.000 del rubro total --que al arranque de la liquidación era de ¢26.950 millones--, tanto a bancos del sector público como del privado.
La cartera que maneja la Junta consta, fundamentalmente, de operaciones de crédito, sobregiros, tarjetas de crédito y operaciones de almacén de depósito.
El proceso lo realizan 250 funcionarios, todos exempleados del BAC, quienes paulatinamente dejarán sus cargos de aquí al 28 de junio, según Hernández.
¿Por qué tantos?
Cuando arrancó la liquidación aún quedaban 400 empleados activos del extinto banco. Ahora, con 250, la Junta atiende los trámites en dos oficinas en San José y en las regionales, ubicadas en zonas alejadas como por ejemplo Ciudad Quesada (San Carlos), y Ciudad Neily (Corredores).
Según el reporte de Marco Hernández, el pago de la planilla requiere de ¢13 millones al mes. El jerarca justificó la cantidad de personal en el hecho de que se trata de un proceso para liquidar una entidad muy grande, con múltiples operaciones en todo el territorio.
Varios exempleados del BAC, consultados por La Nación, coincidieron en que hay departamentos que mantienen personal innecesario y denuncian que en el proceso dejaron a los empleados que gozaban de mayores salarios, por lo cual la planilla es excesiva e innecesaria.
Fueron cinco los exfuncionarios consultados y todos solicitaron que sus nombres no fueran publicados. Como ejemplo, tres de ellos citaron el caso del departamento de Proveeduría, el cual funcionaba, cuando el banco estaba activo, con 18 personas que atendían a todo el país; en la actualidad hay nueve empleados, cuando prácticamente no hay operación. "A ninguno le interesa que acabe la liquidación, porque se van a quedar sin trabajo, por eso es que ha durado tanto", manifestó otro de los entrevistados.
Sin embargo, consultado sobre el proceso, el primer vicepresidente de la República, Rodrigo Oreamuno, consideró como "razonable" la duración de este. No obstante, sostuvo que "en varias oportunidades el presidente del Banco Central y su junta directiva, han hecho gestiones para acelerar el proceso. Muchas de ellas constan en las actas", dijo Oreamuno.
Cierre en números
La labor de la Junta Liquidadora del Banco Anglo pretende recuperar la mayor cantidad de dinero posible. Estas son sus principales gestiones:
Recuperación por pagos ¢3.029 millones y $3 millonesPropiedades por traspasar a otros bancos ¢1.089 millonesMobiliario y equipo por traspasar ¢200 millonesActivos de empresa subsidiaria AVC por traspasar ¢360 millonesVenta de cartera ¢2.500 millones y $380.0001.543 operaciones en cobro judicial por: ¢2.637 millones y $4,7 millones1.384 arreglos de pago por: ¢5.278 millones y $2,8 millones
Fuente: Marco Hernández, presidente Junta Liquidadora del BAC.
Millonada en ruinas
Surgió como parte de los suntuosos estímulos a que estaban acostumbrados los funcionarios del disuelto Banco Anglo Costarricense. El proyecto Marazul, Hotel & Resort, ubicado en la zona de Bajamar, Esparza, lo concibió la Cooperativa de empleados y en la actualidad yace en ruinas.
El Anglo giró fondos por $1 millón (¢200 millones al tipo de cambio actual) para la construcción del centro de recreo, construido sobre una propiedad de alrededor de 10.000 metros cuadrados de superficie y del "rancho de playa", un lote de 100 metros cuadrados ubicado frente al mar.
Al quebrar el banco el hotel dejó de operar; nadie se responsabilizó y la deuda quedó "en el aire". Según el presidente de la Junta Liquidadora, Marco Hernández, es la Cooperativa la que debe responder, pero esta ya no existe. El inmueble, que se encuentra abandonado e incluso sin vigilancia alguna, forma parte de la lista de cobros judiciales, y de seguro será rematado cuando ya esté encharralado por completo.