¿Qué salidas le busca el Gobierno a este problema?
Cuando conocimos la carta nos reunimos con las señoras ministras de Agricultura (Gloria Abraham) y de Economía (Mayi Antillón). Decidimos crear una comisión de viceministros encargada de analizar las distintas opciones y proponer alternativas. La idea es continuar trabajando para ver opciones que sean de apoyo al sector dentro del marco de los compromisos. Allí, en realidad, hay una batería de instrumentos que el país puede explorar.
¿Cuáles pueden ser esos instrumentos?
El acuerdo agrícola establece apoyo en investigación, apoyo contra lucha de enfermedades, servicios de formación (extensión agrícola), divulgación y asesoramiento, servicios de inspección, servicios de información y comercialización, servicios de infraestructura; puede, inclusive, constituir existencias públicas con fines de seguridad alimentaria (compras del Estado), puede acudir a seguridad alimentaria interna (como los Cen-Cinai), puede incluso dar pagos directos a los productores, pero desconectados de la producción, puede tener pagos de primas en casos de cosechas con ciertos supuestos contra desastres naturales o pagos por socorro, puede tener pagos por reajuste estructural, por retiro de productores, por ciertas zonas del país, por programas ambientales.
¿No se contabilizan como subsidios?
Estos no se contabilizan como subsidio distorsionante.