EscucharEl Ministerio de Trabajo está elaborando una lista de las empresas públicas que deberán trasladar un 15% de sus utilidades al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Así lo informó el lunes pasado el viceministro de Desarrollo Social de esa cartera, Juan Manuel Cordero.
Según el artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador, que rige desde el año 2000, las empresas públicas del Estado deben hacer una contribución hasta del 15% de sus utilidades con el fin de fortalecer el régimen de IVM de la Caja.
Sin embargo, no fue sino hasta febrero de este año cuando el Ministerio de Trabajo fijó en un 15% el aporte que debe realizarse, y lo sometió a consulta.
Hasta ahora, los que han enviado observaciones son los tres bancos estatales y Correos de Costa Rica, dijo Cordero.
Sobre este mismo tema, la Sala IV acogió, en agosto del 2009, un recurso interpuesto por la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca) para que se ordenara al Gobierno definir el porcentaje.
El Ministerio de Trabajo presentó este año un informe a la Sala sobre las acciones que se han tomado hasta ahora.
El problema, comentó Cordero, es que no hay una ley que defina qué son empresas públicas.
Solo algunas entidades definen en su propia ley que son empresas públicas, como, por ejemplo, la Refinadora Costarricense de Peteróleo (Recope) o el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
También hay pronunciamientos de la Procuraduría General de la República y de la Sala IV que ayudarán a definir la lista, para la cual no se ha establecido un plazo.
Mientras tanto, en otras entidades, como en el caso del Banco Popular, hay dudas al respecto.
A marzo pasado, había 1.286.764 trabajadores afiliados al seguro de pensiones de la Caja, según la información que la entidad publica en su página web.
Según un estudio efectuado por la empresa mexicana Nathal Actuarios y Consultores, a solicitud de la Superintendencia de Pensiones (Supen), el fondo de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja se volverá deficitario a partir del 2015.
La Caja ha refutado el estudio y solicitó otro a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual entregará a la Supen.
En una nota enviada el pasado 13 de mayo pasado, la nueva presidenta ejecutiva de la Caja, Ileana Balmaceda, informó a la Superintendencia que la OIT le comunicó a ella que el estudio estaría listo para ser conocido a finales del próximo mes de junio.
Así lo informó la Superintendencia por medio de la oficina de prensa ante una consulta de este diario.
