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Pequeños caficultores son de los pocos que lograron créditos de la Banca de Desarrollo. Carlos González/ Archivo.
Una comisión legislativa especial anunció su intención de proponer profundos cambios en el Sistema de Banca de Desarrollo (SBD), en vista de que actualmente sufre de muchos entrabamientos.
El grupo de diputados solicitó una prórroga de 150 días para terminar su trabajo, luego de los dos primeros meses otorgados por el plenario legislativo.
La diputada del Movimiento Libertario y presidenta de la Comisión, Patricia Pérez, dijo que tienen claro que la Banca de Desarrollo no está llegando a quien debe realmente llegar.
Detalló que no se ha logrado usar el denominado “peaje bancario” (17% de las cuentas corrientes de bancos privados), que forma el Fondo de Crédito para el Desarrollo en el SBD. Este fondo tiene más de $320 millones (unos ¢165.580 millones) .
El principal motivo para que esos recursos se mantengan en desuso es que no se logró conseguir un sistema de supervisión diferenciada. La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) no flexibiliza las reglas porque son recursos de los ahorros del público que se deben proteger y no poner en riesgo.
El SBD tiene otro fondo, el Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (Finade), que cuenta con unos ¢50.000 millones para otorgar crédito a las micro-, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Estos recursos provienen de viejos fideicomisos del sector agropecuario.
El tercer gran punto que la comisión considera de gran relevancia es la falta de claridad en la definición del sujeto de crédito.
Según la diputada Pérez, a esos grandes puntos se unen otros también importantes, entre ellos, definir cómo manejar la cooperación solicitada al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) para capacitación, y de qué manera cumplir el mandato de condonar las deudas de anteriores fideicomisos agrícolas que se integraron al SBD.
En más de dos años de operación, el SBD otorgó líneas de crédito, pero a agricultores agrupados en grandes organizaciones como el Instituto del Café de Costa Rica (Icafé), para renovar plantaciones; a la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (Laica) para cambiar a variedades resistentes a plagas, y a la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) para financiar la siembra del grano.
Sin embargo, el SBD poco ha hecho para brindar recursos a mujeres, jóvenes y empresas rurales, tal como se halla establecido en la ley vigente.
El problema fue reconocido por la actual ministra de Economía, Industria y Comercio –y rectora del SBD–, Mayi Antillón. Ella era diputada cuando se discutió y aprobó la ley en el Gobierno anterior.
Antillón está en México y, aunque se le enviaron ayer unas consultas por correo electrónico, no se logró su opinión sobre las conclusiones de la comisión.
Sectores productivos, en tanto, apoyaron la idea de cambios urgentes en la legislación de la Banca de Desarrollo.
Mientras tanto, pasarán al menos 150 días antes de que se propongan modificaciones para tramitarlas en el plenario legislativo.
