La Quinta Enmienda de los Estados Unidos garantiza el derecho de cualquier imputado a no ser obligado a declarar en su contra. Incluso, en caso de aceptación de cargos, el juez puede rechazar la misma, si considera que su confesión no es creíble o no concuerda con otras pruebas del expediente.
Pero resulta que aquí el Comité Ejecutivo y la propia Asamblea de la Fedefútbol han puesto en tela de duda la confesión de Eduardo Li, a tal punto que a la empresa de ropa deportiva de la que, supuestamente recibió una comisión, le están consultando su versión de los hechos. ¡Cajita blanca!
Me imagino que a alguien se le ha ocurrido que el exjerarca se inventó lo de la “coima” para ganarse unos añitos más en la cárcel. O que fue la Nike o la Adidas las que pagaron esa comisión, “para que no les dieran el contrato a ellas sino a su competidor”. O, tal vez, que un tercero ajeno a la marca interesada iba pasando, a la hora de la negociación y se le antojó ofrecer un pago para que se adjudicara como ya todos sabemos. O que la confesión se la sacaron a golpes. O algo por el estilo.
Aquí lo que hay es un daño patrimonial al fútbol local, por cuanto no hubo una competencia libre entre posibles patrocinadores y adjudicatarios de derechos de TV. Y un perjuicio económico porque el expresidente desvió a su bolsa dineros dados por FIFA al Mundial Sub-17 femenino. Confesada por quien recibió los pagos, en un proceso donde tiene todas las garantías, no hay mucho que averiguar. Salvo que se quiera distraer la atención, alargar el asunto y no sentar las responsabilidades en todos los ámbitos y con todas las personas con las que procede.
¿Qué sentido tiene nombrar una comisión para que a su vez escoja a una firma o a un abogado, que deba decidir, entre otras cosas, si se puede pasar el asunto a la fiscalía. ¿Por qué de una vez no hacer la denuncia y que sea esta, con sus contactos y facultades la que investigue, sin perder tiempo y así evitar la impunidad? Solo apropiarse o malversar dineros del Mundial Femenino podría ser delito local y esa prueba, si es que existe, está aquí (amén de la confesión de Eduardo Li). Un país que no ha sufrido mayor perjuicio, salvo que se usaran sus bancos para depositar o trasegar el dinero, va a condenar al exdirigente tico con base a su aceptación de cargos y, me imagino, a las pruebas que recabó su fiscalía. Mientras, acá, la entidad perjudicada (la Fedefútbol) no da crédito a esa confesión y decide gastar más dinero, que no va a recuperar, para que unos abogados investiguen lo que ya los gringos investigaron.
Con la confesión y las facturas falsas, que me imagino están bien guardadas en la Federación, es más que suficiente para abrirle una causa. Con la confesión de Li basta para romper el contrato con la empresa patrocinadora de la ropa deportiva y con la de los derechos televisivos. Todo lo que se realiza más bien parece un distractor. Para que nadie en el seno de la Fedefútbol asuma las responsabilidades que correspondían cuando compartieron sillas y poder con el señor Li. No hace falta averiguar mucho para saber que la omisión de los que fiscalizaban, auditaban y acompañaban en la toma de decisiones al hoy confeso expresidente, también debe ser objeto de reproche.