La Justicia debe ser ineludible y la paz verdadera en todos sus ángulos. Sin estos dos elementos difícilmente algún acuerdo de paz será duradero y seguirá el pueblo colombiano degustando el amargo sabor de la sangre inocente. No se puede desconocer la operación sistemática y sanguinaria del crimen. Las FARC no solo deben renunciar a las armas, el secuestro el tráfico de drogas, sino a la inmunidad de la selva. Durante décadas, se cuentan por miles las victimas de crímenes solamente sepultados en la impunidad; son miles las familias destrozadas, las vidas arrancadas; no hay un colombiano que, directa o indirectamente, no haya sufrido por este conflicto.
Mantener impunes estos crímenes no hará más que legalizar el delito; ya los colombianos han visto este fenómeno de negociaciones blandas con los zares de la droga, trayendo posteriormente nefastas consecuencias.
Debe el Estado colombiano garantizar un juicio justo, transparente, y en apego al derecho para los responsables de los delitos, y esta sombrilla debe cubrir tanto a los rebeldes como a los institucionales; el Estado debe actuar con justicia bipartita para castigar a los guerrilleros y sus cabecillas, así como a policías soldados y políticos que hayan propiciado violaciones a los derechos fundamentales. Mucho hay aún sin aclarar de los falsos positivos, cientos de campesinos, y población meramente civil que han sido ultrajados en sus derechos vitales; aquí llora por igual la madre del subversivo como la del uniformado.
Si la Justicia clara y equitativa no se garantiza y, sobre todo, si no se logra, la herida seguirá abierta y tarde o temprano volverá a sangrar nuevamente.
Luis Diego Chavarría Coronado Gerente de Centro de Servicios al Negocio, GRUPO NACION GN S. A.
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