Luis Antonio Sobrado, presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), pidió al Gobierno y a los diputados acelerar el proceso para trasferir más dinero y competencias a las municipalidades.
Sobrado hizo el planteamiento en un artículo publicado tanto en el perfil del TSE en
En dicha votación, el 72% de la ciudadanía se abstuvo de participar. Si bien el porcentaje se redujo en cuatro puntos porcentuales en comparación con los comicios del 2006, el TSE consideró necesario analizar las razones de este comportamiento.
Aparte de la “inadecuada” fecha en que se realizaron los comicios (diciembre, después del desgaste de las elecciones nacionales), el presidente del Tribunal señaló que los gobiernos locales necesitan un mayor “músculo” para disminuir la “escasa relevancia” que muchos le dan al quehacer municipal.
“La percepción de las municipalidades como meras –e ineficaces– recolectoras de basura y cobradoras de patentes persiste, en buena medida, por la tradicional resistencia estatal a fortalecer el régimen municipal”, argumentó Sobrado.
De acuerdo con una encuesta hecha por la firma Unimer para
“La Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo tienen ahora la palabra. A esas instancias corresponde acelerar y dar concreción definitiva al proceso de transferencia progresiva de competencias y recursos estatales a favor de los gobiernos locales”.
Sobrado recordó que así lo ordenó una reforma constitucional aprobada hace una década.
“El debido cumplimiento de ese mandato constitucional, sin excusas ni demoras, nos permite soñar con municipalidades más capaces de dar soluciones eficaces a los problemas comunales”, escribió.
En el 2001, una reforma al artículo 170 de la Constitución fijó el traslado del 10% del presupuesto del Gobierno a las municipalidades. Para ello se debían dictar leyes que trasladen funciones del Ejecutivo a las municipalidades.
Pese a ello, no se han traspasado suficientes funciones y el monto presupuestario cedido por el Gobierno aún está muy lejos del 10%.
Días antes de que terminara la administración anterior, el Congreso aprobó la Ley General para el Fortalecimiento de los Gobiernos Locales (8801), la cual establece que se debe traspasar cada año un 1,5% del presupuesto del Gobierno a las municipalidades (unos ¢40.000 millones) con las respectivas competencias durante siete años.
Eso demanda la promulgación de una ley por año. Sin embargo, el tema se enfrió en este Gobierno.
El Ejecutivo preparaba un proyecto para transferir la administración de las vías secundarias y terciarias que hoy están en manos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
El Ministerio de Planificación, encargado de enviar la propuesta, alegó falta de estudios para trasladar competencias e imposibilidad matemática de ceder a los ayuntamientos el 1,5% de los ingresos.
Según criterio de municipalistas, eso les impedirá recibir los recursos correspondientes al 2011.
Juan Marín, ministro de Descentralización, dijo coincidir con el criterio de Sobrado, en el sentido de que las municipalidades necesitan más fondos pues hoy solo manejan el equivalente al 1,8% del presupuesto del Gobierno central.
Sin embargo, Marín advirtió que en el sector económico del Estado aún existe resistencia al traslado de recursos.