Por: Aarón Sequeira 19 abril, 2013

La empresa brasileña OAS negocia con entidades bancarias internacionales los recursos para financiar el contrato de concesión para construir la carretera entre San José y San Ramón.

Esta fue la explicación que dio ayer el secretario técnico de Concesiones, Edwin Rodríguez, a los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.

En la comparecencia, Rodríguez coincidió nuevamente con el ministro de Obras Públicas y Transportes, Pedro Castro.

OAS tiene seis meses para conseguir el financiamiento para la construcción de la obra. Las opciones que explora son el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo Brasileño.

El diputado Manrique Oviedo, del Partido Acción Ciudadana (PAC), exigió conocer el monto en dólares que significa el cambio de los estándares de la concesión, pero Edwin Rodríguez no respondió, pues dijo que no tenía disponible la información.

La presidenta de la Comisión, Patricia Pérez, tiene dudas sobre el manejo de la estructura tarifaria para el viaje por la carretera proyectada, cuando el criterio final de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) fue declararse incompetente para establecer esas tarifas.

Ante una consulta de Pérez, Rodríguez confirmó que la empresa debe conformar una sociedad concesionaria domiciliada en el país para cumplir con el contrato de concesión, de acuerdo con lo que establece la ley.

Sin embargo, la libertaria duda por la poca información que percibe en el discurso de las autoridades del Poder Ejecutivo sobre la sociedad y sus representantes.

Piden renuncia. El diputado socialcristiano, Wálter Céspedes, pidió la renuncia del ministro del MOPT, Pedro Castro, pues afirmó que el jerarca fue consultor de la empresa fiscalizadora de la trocha fronteriza, Cacisa. Castro confirmó que su vínculo con esa empresa fue antes del 2006, y también con la brasileña OAS, entre mayo y agosto del 2012.

Para Luis Fishman, las inconsistencias que justifican la rescisión del contrato de concesión son la improcedencia de los cambios al contrato, la posición de la Aresep sobre las tarifas y la forma en que se dio la cesión.

José María Villalta reclamó de las autoridades de concesiones que no se haya calculado el daño al Estado causado por Autopistas del Valle, y que se haya resarcido por seis años de inacción.

Ayer se aprobó llamar a comparecer al gerente del proyecto, Manuel Abarca; al director del Lanamme, Alejandro Navas, y a Humberto Pereira, representante de OAS.