EscucharEl derecho al trabajo es un derecho humano fundamental, pero no se podría convertir en realidad si las condiciones para su aplicación no son efectivas y sostenibles, y ello es particularmente claro cuando nos referimos a los derechos laborales.
De acuerdo con nuestra Constitución Política, toda persona es igual ante la ley y además todo(a) trabajador(a) tiene derecho a un salario mínimo, el cual será siempre igual cuando se realice en condiciones similares.
A pesar de lo anterior, nuestro país sigue arrastrando una deuda con la mitad de la población, las mujeres. Es por ello que este 1.º de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, quisiera referirme una vez más a este tema.
En los últimos treinta años hemos sido testigos de importantes cambios en el papel de las mujeres en la sociedad y la economía. Uno de los más destacables es el aumento de su participación en el mercado laboral. En 1980 el porcentaje de mujeres en la fuerza de trabajo con respecto a la población femenina total era de solo 17.2%, treinta años después había alcanzado a ser 43.5%.
Más importante tal vez sea el aumento en sus tasas de ocupación que pasaron en ese mismo lapso a crecer del 22.5% al 39.4%. Evidentemente, el aumento y la presencia de las mujeres en el mundo del trabajo ha generado importantes beneficios para la sociedad.
Problemas persistentes. Pero junto a ello, persisten serios problemas asociados a esta incorporación. Dos de ellos me parecen cruciales. El primero se refiere a las diferencias salariales, y el segundo, a los mecanismos que permitan conciliar las responsabilidades laborales con las responsabilidades familiares.
Según la Encuesta Nacional de Hogares la diferencia de ingreso entre hombres y mujeres ocupadas es en términos generales de alrededor del 18%, y para el caso particular de los asalariados privados esta brecha alcanza el 38.8%.
Peor aun cuando se trata de las mujeres que trabajan por cuenta propia, en donde la diferencia asciende al 81.6%.
Datos como estos confirman la necesidad de continuar y, más aún, fortalecer la campaña de cumplimiento del salario mínimo, la cual comienza a reportar sus primeros logros después de año y medio en que se han hecho 22.000 inspecciones y se han tutelado los derechos de alrededor de 113.000 trabajadores de la empresa privada.
Tenemos registrado que el 79% de los patronos corrigió las irregularidades encontradas y además, datos del INEC reflejan que en actividades con alta presencia femenina como lo es el comercio y la hotelería, el incumplimiento de otros derechos laborales como el pago de horas extras e incapacidades mostró mejoras entre el 1.2% y 6% con respecto al 2010.
En relación con las responsabilidades laborales y familiares sub- yace un asunto de carácter ideológico y cultural que es necesario resolver.
Se trata de la visión que coloca a las mujeres como las únicas responsables del hogar, de las labores domésticas y del cuido de los menores y los ancianos.
Estos patrones de comportamiento socialmente impuestos perturban la conciliación de la vida laboral y familiar y terminan empujando a las mujeres hacia la precariedad o hacia el sector informal de la economía. Es por ello que la educación y la cultura continúan siendo el eje primario de este cambio.
Tanto el Estado como la sociedad y el mercado tienen responsabilidades que cumplir. Es necesario comprender que la infraestructura de cuido no es simplemente una ayuda a las mujeres, sino un instrumento asociado al crecimiento económico, al desarrollo social y fundamentalmente al cumplimiento de los derechos laborales, en el tanto permite hacer efectivo el principio del trabajo decente, esto es el trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana.
