EscucharEcuador (AFP). María Aguinda es la indígena que encabeza la demanda contra el gigante estadounidense Chevron y que convive con una de las pruebas que sirvieron para condenarlo en Ecuador: un estero con restos de un derrame de petróleo ocurrido hace 30 años en la Amazonía.
“La demanda está yendo por buen camino, pero tienen que pagar los animales perdidos y también por la contaminación del río y la selva”, dijo a la AFP Aguinda, de 61 años, en su casa en Rumipamba, una alejada población de la provincia de Orellana (noreste).
La mujer, de etnia Quichua y que no habla español, se refería al fallo emitido el 14 de febrero por la Corte de la provincia de Sucumbíos (noreste), que condenó a Chevron a pagar 9.500 millones de dólares por daños ambientales atribuidos a la estadounidense Texaco.
Esta última operó entre 1964 y 1990 y fue comprada por Chevron en 2001, que ahora enfrenta la sentencia más alta en un juicio ambiental contra una petrolera.
“Antes de morir primero tienen que pagarme por los daños y los animales muertos, y dejar arreglado el río, el agua y la tierra”, expresa la indígena, usando sus manos menudas para señalar el lugar donde yacen restos de crudo a cien metros de su casa.
“María Aguinda y otros” comienza la querella instaurada en 1993 por pobladores de Orellana y Sucumbíos contra Texaco, al que se atribuye el vertido de tóxicos y crudo durante sus operaciones dañando suelos, ríos y la salud de indígenas que incluso murieron de cáncer.
Sin embargo, la estadounidense responsabiliza a la estatal Petroecuador (con quien formó un consorcio entre 1972 y 1992) de no concluir con su parte de la limpieza acordada con el Estado en una primera fase del juicio.
“Cuando Texaco vino nunca pensamos que iba a dejar un daño, era una novedad. Luego empezó a poner un pozo y a quemar las piscinas. Cambió la vida: la caza, la pesca y la comida se iban terminando”, recuerda la mujer, según la traducción de su yerno Guillermo Grefa.
Ella sostiene que su esposo y dos de sus diez hijos murieron a causa de la contaminación. Varios familiares “tienen problemas en la piel, como hongos”, dice mostrando las piernas de una de sus nietas.
Por ello observa con desdén la limpieza de un estero, a pocos metros de su casa de madera, de donde se extrae petróleo mezclado con hojas y ramas que quedaron en los cimientos hace casi 30 años, asegura Aguinda.
El derrame provino de una de las piscinas utilizadas por Texaco para almacenamiento y que se desbordó hacia los esteros, cuando operaba el pozo Auca Sur 1 (entre 1981 y 1990), a 200 metros de Rumipamba.
Pese a que Texaco hizo reparaciones en la zona en los 90, aún se extrae el crudo, señala Grefa. Hace seis meses, doce trabajadores de la estatal Petroecuador (que maneja el pozo desde 1990) iniciaron la limpieza reviviendo los malos recuerdos entre la comunidad.
La empresa “hizo un arreglo, pero mandaron palos y tierra para tapar todo y nada más”, recordó Grefa, miembro de la Asamblea de Afectados por Texaco, que representa a los alrededor de 30.000 demandantes.
“Con el lavado de lo que dejó Texaco, ya es insoportable la respiración. No puedo vivir encima del petróleo”, expresó la aborigen, irritada cuando habla de la compañía.
Un fuerte olor a combustible se huele en Rumipamba, donde viven unas nueve familias, algunos de cuyos miembros se quejan de dolor de cabeza.
Aguinda se enoja cuando piensa en la petrolera y advierte que “si viene por acá alguien de Texaco” va a echarle “ají en los ojos”.
En áreas de Sucumbíos también se ven explanadas con restos de petróleo, viejas piscinas que servían para depositar desechos, señalan los demandantes, alegando que basta hundir una pala para que emerja el crudo.
Tras el fallo, Chevron pidió al juez Nicolás Zambrano una “aclaración y ampliación” de la condena de primera instancia, y dependiendo del resultado apelará, declaró a la AFP su portavoz para América Latina, James Craig.
La firma considera la sentencia “ilegítima e inaplicable” y fruto de un complot entre abogados y “jueces corruptos”. En tanto, los demandantes presentaron una apelación aduciendo que el monto no es suficiente para la reparación ambiental.
