Caracas. AFP. El líder radical venezolano Leopoldo López cumplirá mañana un año tras la rejas , acusado de desatar la violencia en las protestas del 2014 que dejaron 43 muertos, pese a que un organismo de Naciones Unidas pidió su liberación.
El 18 de febrero del 2014, seis días después de los primeros tres decesos en los disturbios, López se entregó a la Justicia.
“Si mi encarcelamiento vale para el despertar de un pueblo, valdrá la pena mi encarcelamiento infame”, dijo López en una protesta en una plaza de Caracas, donde miles de seguidores lo recibieron como un líder.
Las manifestaciones prácticamente diarias para reclamar contra la inseguridad personal, la inflación (56,2% en el 2013 y 68,5% en el 2014) y la escasez, mantuvieron en vilo a Venezuela durante cuatro meses.
Sin embargo, un año después, las masivas convocatorias de opositores al Gobierno del presidente Nicolás Maduro han quedado reducidas a pocas protestas de calle, pese a que la situación económica ha empeorado.
Solo en algunos supermercados y farmacias se registran tumultos o protestas, debido a que los venezolanos deben hacer filas de muchas horas para conseguir productos básicos .
López dejó de asistir a su juicio que se inició en julio, cuando el tribunal desestimó la resolución del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas , que el 23 de setiembre pidió su liberación.
A pesar de su ausencia, el juicio ha seguido adelante .
Desde que fue recluido en la cárcel militar de Ramo Verde, cerca de Caracas, el dirigente del Partido Voluntad Popular solamente se ha expresado al público a través de escritos.
El intento de los exmandatarios Andrés Pastrana (Colombia) y Sebastián Piñera (Chile) de visitarlo en la cárcel el 25 de enero fue infructuoso, e incluso el presidente Maduro lo interpretó como un gesto de apoyo a “un grupo de extrema derecha que desconoce al gobierno y que está llamando a un golpe de Estado cruento”.
Al día siguiente el Gobierno colombiano pidió la pronta liberación de López, y en un desliz del lenguaje, el vicepresidente venezolano Jorge Arreaza definió al líder de Voluntad Popular como “preso político”, calificación que ha sido reiteradamente negada por el Gobierno.
Su abogado defensor Juan Carlos Gutiérrez declaró que el año de reclusión del político se ha caracterizado por la “sistemática vulneración de los derechos fundamentales”, entre ellos la posibilidad de presentar pruebas de su inocencia.