El descaro dejó de ser sorpresa desde que la gradería de sol se instaló cómodamente en el Poder Legislativo y, aun así, no hay manera de que cotidianamente nos abandone. La desazón empezó a arrinconarme cuando leo que la Asamblea Legislativa aprobó una reforma al Código Penal para castigar con cárcel, sí o sí, a quien obtenga “información política secreta”, transformándose en aflicción cuando me entero de que desde la Presidencia de la República se apoya la reforma, sancionando la ley, y cuando leo que el ministro de la Presidencia dice afirmar que están dispuestos a apoyar semejante barbarie. O rubricaron sin leer, o a pleno conocimiento.
Y la angustia tomó cuerpo entero cuando leo que los proponentes de la reforma fueron, entre otros, los diputados Óscar Alfaro, Danilo Cubero y Carlos Góngora. “Dios los crea y el diablo los junta”.
Doña Laura debe tomar la iniciativa, activa y vigorosa, para que de inmediato se elimine semejante párrafo del artículo 288 del Código Penal. Si de por sí su imagen, la de su gobierno y de su partido, sufren por tanta ineficiencia y corrupción, dejar pasar semejante atrocidad, la convertiría en cómplice consciente del deterioro moral que vive el país, tan lejos de los propósitos que animaron a su señor padre al frente de la Contraloría General de la República.
Estoy seguro de que don Fabio Molina y don Víctor Emilio Granados, jefe de fracción del PLN y presidente de la Asamblea Legislativa, respectivamente, vehementes como son, demócratas de hueso colorado, asumirán con denuedo el ágil trámite legislativo para que en forma inmediata dicha norma se elimine por completo.
Y los diputados del PAC, tan llenos de denuncias sobre pecados ajenos, deberán mostrar que pueden revertir su propia cuota de responsabilidad por su apoyo a tan macabra reforma, tan ajena a sus propios, presuntos, valores éticos de partido.
Si los que dicen ser, son, no habrá problema alguno en alterar rápidamente tan peligrosa situación.
No se necesita ser hijo del altruismo para entender semejante barbaridad y no hace falta ser especialista en nada para comprender la gravedad de la reforma aprobada o ser miembro de gobierno o de oposición para conocer del retroceso que significa en la vida institucional del país. O somos decentes o no lo somos, sin término medio alguno. Lo demás, sencillamente, son palabras gastadas o pecados propios, deseosos de ocultarse enviando a la cárcel a los ciudadanos y cerrando los ojos para encerrar a los corruptos.
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