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ganó peso y su pelo ya es totalmente blanco. Aquí, con la mandataria Laura Chinchilla, el 18 de mayo, en Madrid.Garzón | ÁLVARO MURILLO
Si hay un abogado que se puede dar el lujo de ser conocido en el mundo entero, es el español Baltasar Garzón Real, bautizado por la prensa como el
El sobrenombre le cae como anillo al dedo a este descendiente de agricultores de Jaén, pues entre algunos de los casos que llevan su marca está la detención del exdictador chileno Augusto Pinochet, en Londres (1998), y las investigaciones contra la red terrorista al-Qaeda (2001), que incluyó la orden de captura contra Osama bin Laden, en el 2003.
¿Tiene enemigos? Sin duda bastantes, tanto dentro como fuera de España.
Son a sus adversarios a quienes los seguidores de Garzón achacan el proceso legal iniciado en contra del juez. Un proceso que lo puede llevar –en el peor de los casos– a terminar para siempre con su carrera judicial.
La noticia le ha dado la vuelta al mundo desde el 14 de mayo, cuando el Consejo General del Poder Judicial español (CGPJ) lo suspendió del cargo que ha ocupado en los últimos 22 años en la Audiencia Nacional, principal instancia penal de España.
El Consejo lo acusa de intentar investigar los crímenes del franquismo sin, supuestamente, tener competencias para ello.
La denuncia alega que el juez ignoró la ley de amnistía de 1977, adoptada para esos delitos tras la muerte del general Francisco Franco y que fue parte del inicio hacia la transición democrática española.
La justicia de ese país debe fijar fecha para el juicio a Garzón, quien, de ser condenado, podría quedar inhabilitado como juez por los próximos 20 años, lo cual supondría el final de su carrera. Garzón tiene, actualmente, 54 años de edad.
Desde el 2008, este abogado graduado en la Universidad de Sevilla indaga la suerte de unos 114.000 desaparecidos durante la Guerra Civil (1936-1939) y los primeros años del franquismo (1939-1975), alegando que el delito de desaparición forzada no prescribe.
“Si hay un juez que ha sido el primero en preocuparse de las víctimas del franquismo y termina así, es lamentable, realmente”, afirmó Santiago Macías, vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, la primera asociación en promover la apertura de fosas de víctimas de la Guerra Civil y del franquismo.
Hasta en las calles el nombre de Baltasar Garzón ha sido defendido entre pancartas y gritos de protesta por la decisión judicial.
La gente llenó vías en Madrid, y en ciudades como Las Palmas, Sevilla, Valencia, Jaén, Ferrol, París, Londres, Bruselas, Lisboa, Dublín, Buenos Aires y México.
Mandatarios de diferentes países, incluido Costa Rica, han manifestado públicamente el apoyo al juez y la sorpresa por la decisión del Consejo.
“Tengo que confesar que respeto las decisiones de las autoridades españolas, pero no es una buena señal la que da España. Es una situación que, vista desde afuera, es difícil entender”, dijo la mandataria costarricense, Laura Chinchilla, en su primera gira oficial, realizada en Madrid.
Hasta el diario estadounidense
En un editorial titulado “Una injusticia en España”, el mencionado diario dice: “El juez más conocido de España, Baltasar Garzón, está siendo procesado por una causa políticamente motivada que tendría que haber sido rechazada en el tribunal”.
La investigación sobre el franquismo no es la única que le ha caído sobre las espaldas al juez.
Según informa BBC Mundo, a principios de año, Garzón fue acusado de prevaricación y de cohecho por rechazar una querella contra el Banco Santander después de haberse costeado los cursos que dictó en Nueva York con dinero de la misma institución.
Información elaborada con apoyo de las agencias AFP, AP y EFE, y BBC Mundo.
