En 1985, los pobladores de cinco comunidades del Caribe Sur acceden a la idea de juntar parte de sus tierras con otras del Estado, a fin de crear un refugio de vida silvestre. Se cuidarían los bosques, permitiendo su explotación racional y regulada, se intensificaría y diversificaría la agricultura, se promovería el turismo. Esta acertada decisión permitiría conservar valiosos recursos de la biodiversidad de la zona y traer un mejor bienestar y desarrollo social, económico, político y ecológico a los pobladores de Puerto Viejo, Manzanillo, Gandoca, Mata de Limón y San Miguel, todas poblaciones consolidadas de vieja data.
Los vecinos de esta porción olvidada del país tendrían el derecho a aspirar a un desarrollo sostenible y a una vida digna. Los humedales, los bosques, los arrecifes coralinos, las playas turísticas, las playas de desove de tortuga, los manglares y la fauna que habían cuidado por cientos de años, se cuidarían aun mejor con un socio rico y poderoso como el Estado.
Como una modesta compensación, el Estado garantizó a esos pobladores el catastro y registro de oficio de las tierras que aportaban para conformar el refugio, así como el de las tierras contiguas, en donde los pobladores tenían sus casas y principales actividades. El convenio de esta feliz alianza está recogido en el Decreto Ejecutivo N.° 16614-MAG, aparecido en La Gaceta N.° 206 del martes 29 de octubre de 1985.
Muy pronto, en 1994, el socio Estado, por medio de su ministro de Ambiente, actúa de forma sombría, abusiva e ilícita, y decide incorporar dentro del refugio las tierras prometidas a los pueblos de Puerto Viejo, Manzanillo y Gandoca. Esta poco feliz historia aparece en el Decreto Ejecutivo N.° 23069, publicado en La Gaceta N.° 65 del 5 de abril de ese año, allá, en un oscuro artículo 16, hábilmente camuflado dentro de un reglamento para regular la visitación al desove de las tortugas en Gandoca.
Para validar tan vil conducta, el Estado recurre a su todopoderoso juez. Este dictamina que el ministro tenía razones para violentar los derechos de los pobladores y las leyes del país. Opina que por encima de aquellos derechos están otros compromisos que el Estado ha asumido con habitantes más importantes del resto del país y del planeta. Esta inaudita historia se publicó como Resolución 2006-005975 de la Sala Constitucional del 3 de mayo del 2006.
Entonces el Estado acude a su también poderosa auditoría para que invalide los títulos de propiedad que otorgó a los incautos pobladores, a cambio de que aportaran sus tierras para formar el refugio. Negocio redondo: se podría quedar con todo. Esta indecorosa historia se encuentra en el Informe N.° DFOE-ED-7-2007 del 15 de marzo del 2007, de la Contraloría General de la República.
Insatisfecho e impaciente, el Estado pide a su auditoría que justifique de cualquier forma la anulación de los permisos que había otorgado a sus consternados socios para que construyeran sus viviendas, sus negocios, escuelas, iglesias y demás facilidades. La auditoría procedió con inusitada eficiencia, reinterpretó leyes, ordenó anular las que concedían derechos a los pobladores y les prohibió toda actividad.
Esta despótica historia se escribió en varios fascículos: Informe DFOE-AE-03-2011, Informe DFOE-IF-04-2011 e Informe DFOE-AE-IF-05-2011 de la Contraloría General de la República.
Los pobladores, a través de representantes conocedores de su situación, consiguen que el Poder Legislativo emita una ley que les restituya sus derechos.
Sin embargo, el todopoderoso juez les dice que esos derechos son ahora de toda la humanidad, obviamente mucho más importante que unos pocos y oscuros pobladores.
Esta historia aparece en la resolución 13367-12 de la Sala Constitucional del 21 de setiembre del año 2012.
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