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Ni los Países Bajos, ni Portugal, conocidos por su laxa regulación en tema de drogas, han llegado al punto de legalizar la marihuana. Simple y sencillamente, esa ha sido una raya teñida de controversia e incertidumbre, que ningún lugar del mundo se ha animado a cruzar. Hasta ahora.
El martes 2 de noviembre, aprovechando los comicios legislativos que se celebrarán en Estados Unidos, los votantes del estado de California decidirán si quieren o no convertir a ese estado en el primer lugar del orbe donde la marihuana recreativa es oficialmente legal.
Propuesta 19 es el nombre de la famosa –o infame– iniciativa ciudadana que se certificó en marzo de este año, luego de que sus impulsores le presentaran a la secretaria de estado de California, Debra Bowen, casi 700.000 firmas que respaldaban la petición.
El polémico documento propone legalizar el consumo personal de la marihuana (proveniente de la planta
La iniciativa establece que sería legal poseer, procesar y trasladar hasta una onza de marihuana (equivalente a 28,5 gramos y suficiente para elaborar alrededor de 60 porros), y permitiría el cultivo de la yerba en propiedad privada, en un área de 25 pies cuadrados o menos (unos ocho metros cuadrados).
Otra novedad de la Propuesta 19 es que les permitiría a los gobiernos legales regular la venta de marihuana, siempre que esta no supere una onza, y cobrar impuestos a actividades vinculadas con el negocio.
La medida prohíbe la compra, venta y obsequio de cannabis a jóvenes entre los 18 y 20 años y deja intactos los estatutos criminales existentes sobre el suministro de la droga a menores de edad.
Se podría decir que California es el estado polémico por excelencia, pues tiene años de dedicarse a derribar la regulación tradicional, erigida por los sectores más conservadores del país.
De hecho, el 5 de noviembre de 1996 hizo historia al convertirse en el primer estado que aprobó el consumo de marihuana con fines medicinales.
En su momento, esa decisión también levantó mucha alharaca; no obstante, casi 15 años después, las aguas se han apaciguado y otros 13 estados han hecho lo mismo e, incluso, han propuesto ir más allá.
En el 2007, Massachusetts votó a favor de despenalizar la marihuana, por lo que un adulto detenido con menos de una onza de la droga únicamente deberá pagar una multa de $100.
En Denver, Colorado, se aprobó una ley que dicta que la posesión de marihuana por parte de adultos es la prioridad más baja para las autoridades policiales.
Fuera de Estados Unidos, la prohibición absoluta es un barco que varios gobiernos ya han optado por abandonar.
En el 2000, Portugal se convirtió en el primer país occidental en aprobar una despenalización completa a nivel nacional del consumo personal, no solo de la marihuana, sino también de drogas “duras” como la cocaína y la heroína.
A diferencia de la legalización, la despenalización únicamente significa que el consumo de pequeñas cantidades de droga ya no se considera delito y, por ende, no puede castigarse penalmente con encarcelamiento. No obstante, las sanciones civiles como las multas siguen en pie.
Un razonamiento superficial podría concluir que eliminar las sanciones penales exacerbaría el consumo de drogas, pues todos aquellos que se abstenían de consumir por temor a ser detenidos, ya no tendrían porque limitarse.
Mas la experiencia portuguesa dicta otra cosa: desde que se implementó la nueva regulación, el consumo de drogas ilegales descendió, junto con el porcentaje de contagio de VIH a través de jeringas. Las muertes vinculadas a las drogas también cayeron a la mitad.
En los Países Bajos, donde existe una despenalización de facto (pero no oficial) mediante una política de tolerancia del Ministerio de Justicia, la cifras de consumo son muy similares a las de EE.UU. y son más bajas que en la mayoría de países europeos.
Allí, el uso de cannabis se mantiene estable, aunque la demanda del tratamiento ha escalado recientemente.
En los últimos dos años, algunos países latinos han optado por esa vía. En agosto del 2009, México despenalizó el uso de pequeñas cantidades de marihuana cocaína, heroína y éxtasis.
Ese mismo mes, la Corte Suprema de Argentina declaró inconstitucional el castigo penal del consumo a pequeña escala de marihuana. Países como Brasil y Colombia están evaluando la misma posibilidad.
La propuesta californiana va un paso más allá de la despenalización del consumo personal del cannabis que, de todos modos, ya fue aprobado por el gobernador Arnold Schwarzenegger y entrará en vigencia a principios del 2011. Para efectos prácticos, una votación afirmativa de la Proposición 19 arrojaría a California al territorio desconocido e incierto de la legalización, donde lo que más caben son las predicciones especulativas.
Los impulsores de la Propuesta 19 enfatizan que la venta de cannabis sería de gran beneficio económico para el estado. No solo reduciría los gastos correccionales asociados con el encarcelamiento de los infractores, sino que les permitiría a los gobiernos locales regular la producción de la droga y recaudar impuestos.
También aseguran que la medida reduciría los gastos policiales y judiciales que actualmente se canalizan hacia la detención y procesamiento de quienes consumen la droga.
El dinero recaudado de impuestos podría invertirse en educación y tratamiento de la dependencia, asegura el abogado Glenn Greenwald, del Instituto Cato, un centro de estudio libertario estadounidense que se dedica al
“Tratar una adicción a las drogas como un problema de salud y no como un crimen, significa que se pueden encontrar soluciones adecuadas”, razona.
“Si el objetivo es que los adictos dejen de consumir drogas, la terapia es una estrategia mucho más efectiva que el encarcelamiento”, agrega.
Otro argumento a favor es que la legalización protegería al usuario de la droga, pues se podrían implementar medidas de control de calidad.
Asimismo, los abanderados de la causa alegan que la criminalización del consumo de droga erige una barrera de miedo entre funcionarios y ciudadanos, con lo cual se atropellan los esfuerzos de educación y tratamiento.
Finalmente, los promotores de la ley recalcan que legalizar el consumo personal de la marihuana recortaría el financiamiento a los carteles de droga en México y la corrupción asociada a los mercados negros, pues la marihuana cultivada localmente desplazaría el contrabando extranjero que tanta violencia promueve al sur de la frontera.
Algunos funcionarios mexicanos alegan que hasta la mitad de los ingresos de los carteles de droga son producto de la venta de marihuana.
No obstante, los detractores tienen sus reservas en relación con la supuesta efectividad que tendría la ley en el combate del narcotráfico mexicano.
Los ingresos mexicanos del contrabando de marihuana apenas constituyen entre el 15% y el 26% del total, según una reciente investigación de la Corporación RAND, una empresa estadounidense de investigación sin filiación política.
El estudio señala que California solo es responsable de una sétima parte de esas ganancias. De estar en lo correcto RAND, quedarse sin el mercado californiano de marihuana apenas significaría una pérdida de 2% a 4% para los carteles mexicanos y, tal y como lo señala una publicación del semanario
También mantienen escepticismo respecto al beneficio económico real que percibiría el estado y los gobiernos locales de implementarse la ley.
Ellos insisten en que los gastos de los programas de abuso de sustancias se dispararían y señalan que la Propuesta 19 recortaría los ingresos percibidos por las multas actuales.
Las repercusiones de la nueva ley en la seguridad vial encabezan las preocupaciones de grupos como Madres Contra Conductores Ebrios, quienes aseguran que el uso recreativo de la marihuana aumentará las fatalidades y los heridos en accidentes automovilísticos.
Otros críticos favorecen la legalización del cannabis, mas no con la ley actual, pues aseguran que está debilitada por una grave laguna jurídica. Al carecer de una definición explícita de lo que es “estar bajo la influencia de la droga”, alegan, la droga fácilmente podría infiltrase en los carreteras y lugares de trabajo.
La legalización de la marihuana metería a California en una maraña legal a nivel federal, pues el estado aún sería sujeto de la Ley de Sustancias Controladas (CSA por sus siglas en inglés), promulgada por el Congreso en 1970, que califica la posesión de la marihuana, en cualquier cantidad, como delito.
En el 2005, la Corte Suprema de EE.UU. confirmó la facultad del gobierno federal de procesar el consumo de marihuana medicinal, incluso en los 13 estados que lo permiten. Por ello, durante el gobierno de Bush, los dispensarios de marihuana californianos regularmente se enfrentaban a allanamientos de agentes federales antidrogas.
La entrada de Barack Obama a la Casa Presidencial vino acompañada de una nueva directriz en la cual se instruyó a los fiscales federales de desistir de procesar a los usuarios de marihuana medicinal que cumplían con la regulación de su estado.
Sin embargo, la legalización de la marihuana recreativa es harina de otro costal y el Fiscal General Eric Holder así lo advirtió en una carta dirigida a exfuncionarios de la Dirección Estadounidense Antidrogas.
“El Departamento de Justicia se opone firmemente a la Propuesta 19 que, si se aprueba, complicará enormemente los esfuerzos federales antidrogas, en detrimento de nuestros ciudadanos”, sentenció Holder.
“Aplicaremos vigorosamente la CSA contra los individuos y organizaciones que posean, manufacturen o distribuyan marihuana para uso recreativo, incluso si esas actividades se permiten en las leyes estatales”, agregó.
La Propuesta 19 presenta una inconsistencia con tratados internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas que EE.UU. ratificó en febrero de 1990.
Para aprobarse la ley, al menos el 50% de los votantes californianos deben respaldarla con su voto. Múltiples encuestas realizadas entre abril y setiembre le daban una victoria contundente a la Propuesta 19, pero las cifras del último mes sugieren que la tortilla se volcó.
Datos publicados por Los Angeles Times esta semana favorecen a la oposición, dándole el gane con un 51% de los votantes en contra de la medida. La publicación atribuye la caída en la popularidad de la ley a la baja inversión que han hecho los promotores en anuncios televisivos durante el último mes.
Por ahora, nada está escrito en piedra. Los indecisos aún constituyen el 10% de los californianos, de los cuales casi la mitad reporta haber probado el cannabis. Lo que sí es seguro es que si en algún lado se puede aprobar una ley que legalice la marihuana, es en California.
