Que un proyecto institucional se empantane o atrase por varios años y hasta por 50, como, por décadas, ha ocurrido en Costa Rica, no es sorpresa y, al parecer, tampoco noticia, pero que tres entidades, dos nacionales y una internacional, combinen sus esfuerzos para retrasar 250 proyectos viables y necesarios, por $200 millones... es digno de El libro Guinness de los récords.
Esto está ocurriendo entre nosotros. Así, 250 proyectos, financiados por el BID, para mejorar la red vial cantonal han sufrido un atraso preocupante por exceso de trámites. De enero a hoy, 81 gobiernos locales y 8 concejos de distrito presentaron al menos tres propuestas de arreglos ante el MOPT, pero solo cuatro desembocaron en las oficinas del BID. Los ayuntamientos se quejan de la plétora de trámites establecidos por esta entidad bancaria (estudios de ingeniería y ambientales, expropiaciones, relocalización de los servicios públicos y otros etcéteras'). A veces, pienso, cuando pienso, que si las instituciones internacionales fuesen un modelo de eficiencia y eficacia, habría que podar su fronda burocrática, y nadie sería capaz de tal proeza.
Pues bien, lo más gracioso en este caso es que las tres entidades –el MOPT, los municipios y el BID– enzarzados en esta maraña burocrática se reprochan entre sí, según informó este periódico el lunes pasado. El BID justifica sus exigencias, el alcalde de Puriscal dice que “esto está hecho como para que no lo ejecuten la mayor parte de los municipios”, el encargado del Programa MOPT y agencia GIZ manifiesta que “existe mucho empirismo en los municipios para resolver los problemas' por lo que es preciso fortalecer su gestión de aquí a cinco años”, y el alcalde de Mora dice que “varios gobiernos locales pueden desarrollar los planes sin necesidad de tantos requisitos”.
¿Quién tiene razón? Los hechos hablan con elocuencia. En efecto, como dice la citada nota de La Nación, los 81 municipios recibieron en el segundo semestre del año pasado ¢547 millones de Cosevi para seguridad vial, pero “a la fecha no se ha ejecutado ni un colón”, y los colosevi o consejos locales de seguridad vial han acumulado más de ¢2.000 millones “para nada”. Por su parte, el ministro de Descentralización y Gestión Municipal (sic), Juan Marín, declaró que “el gasto en gestión municipal es necesario para la buena ejecución en el futuro”'
Alguien debe escribir, en bien de las nuevas generaciones y justicia de los buenos regidores y alcaldes, la historia de los disparates municipales y de la responsabilidad de los Gobiernos y de los partidos políticos en ellas, como expresión singular de la impunidad y de la mala gestión pública.
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