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Silvia Isabel Rosales
Cualquier fallo que dicte la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) sobre la trocha que construye Costa Rica en la margen tica del río San Juan, no tendrá ninguna relevancia en la Corte de La Haya.
Así concluyen el especialista en relaciones internacionales, Carlos Murillo, y el director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (UNA), Max Sáurez.
Ambos coinciden en que las resoluciones de la Corte Centroamericana no son de acatamiento para Costa Rica, porque el país nunca ratificó su adhesión a dicha entidad.
Además, el artículo 22 del Estatuto de la Corte establece que los magistrados podrán entrar a conocer las controversias que se susciten entre los países miembros.
Sin embargo, “se exceptúan las controversias fronterizas, territoriales y marítimas, para cuyo conocimiento se requiere la solicitud de todas las partes concernidas”, agrega la norma.
En este caso, según reitera Max Sáurez, la resolución de la Corte no es vinculante, porque Costa Rica no pidió su intervención.
Carlos Murillo sí presume que eventualmente Nicaragua pueda aportar la sentencia de la corte regional como prueba de su parte en el proceso que se sigue en la Corte Internacional de Justicia de La Haya (Holanda) por supuestos daños ambientales causados durante la construcción de la trocha tica.
Anteriormente, Costa Rica ya había demandado a Nicaragua ante La Haya por la invasión militar nicaraguense en isla Calero, en el Caribe costarricense.
Sin embargo, dos décadas después no ha sido ratificada ni reconocida por Panamá ni Costa Rica; además, Guatemala no tiene magistrados nombrados a su nombre en este momento.
Entre otras cosas, los países no suscritos le cuestionan que tenga potestades supranacionales para dirimir conflictos entre poderes de un mismo Estado. Eso constituye “una violación” a la Constitución Política, no solo en Costa Rica, sino en el resto de países del Istmo, sostuvo Carlos Murillo.
Asimismo, permite el nombramiento político de los magistrados que representan a cada país, quienes se mantienen en el cargo por una década, un año más que los jueces de La Haya.
Por último, obliga a cada país a contribuir con $525.000 anuales, para el mantenimiento de la Corte. Esto incluye el salario y viáticos de los magistrados y los costos administrativos de la sede, en Managua, Nicaragua.
En la actualidad, esa obligación solo la cumplen Honduras, El Salvador y Nicaragua.