La Defensoría de los Habitantes emplazó al Consejo Nacional de Producción (CNP) a demostrar que hace un proceso de reestructuración apegado a la legalidad y con un norte para la entidad.
El planteamiento lo hizo en atención a una denuncia sindical y, como primer paso, funcionarios de la Defensoría acudieron a las oficinas centrales del CNP a solicitar 25 documentos.
El defensor adjunto, Luis Fallas, dijo que uno de los sindicatos afirma que no hubo estudios serios, una programación y valoración preestablecida, ni un rumbo al cual irá la institución con el cambio.
La Defensoría está en proceso de evaluación de los documentos que pidió en el propio CNP, el martes de la semana pasada. En caso de corroborar esas quejas, podría elevar el caso a un tribunal contencioso administrativo, indicó Fallas.
Durante una reunión con sindicalistas del CNP, la Defensoría también estableció que, presuntamente, los problemas del Consejo tienen como uno de sus orígenes la ausencia de políticas claras en seguridad alimentaria. Por eso, la Defensoría decidió investigar este tema, expresó el defensor adjunto.
El presidente ejecutivo del CNP, Román Solera Aldana, adelantó ayer que serán respetuosos del ordenamiento jurídico y de las decisiones que se tomen en este caso.
No obstante, arguyó que el proceso de “reorganización administrativa” se basa en estudios y en negociaciones con el sindicato y está aprobado por el Ministerio de Planificación, pues va conforme a los requerimientos legales.
Por eso, agregó, el mismo martes pasado, y pese a la llegada imprevista de tres funcionarios de la Defensoría, se les entregaron casi la totalidad de los papeles requeridos. Quedan unos dos o tres que se se enviarán muy pronto, agregó.
Esos cambios se darán mediante pensión a quienes ya cumplen las condiciones y movilidad voluntaria, especialmente.
Solera consideró que en este momento el proceso está muy avanzado y que los incentivos son atractivos para los empleados. Empero, afirmó no tener cifras absolutas de cuántos de los trabajadores ya se acogieron al plan en la entidad.
El énfasis, comentó, es darle muchos menos atención al tema administrativo en el Consejo, del cual depende la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) como subsidiaria.
Pero sí se unificarán las áreas de Recursos Humanos, de Planificación y la parte Administrativa-Financiera del CNP y de Fanal. En tanto, se mantendrán separadas las áreas de producción, comercialización y logística de Fanal.
El plan se financia con un partida de ¢4.000 millones, incluida en el Presupuesto Nacional del 2010.
En mayo, la Administración invitó a participar en el plan, con el apoyo del entonces secretario del Sindicato de Empleados del Consejo Nacional de Producción y Afines (Sinconapro), Olman Chinchilla. Sinconapro cambió de cabeza y los nuevos dirigentes pidieron consultar, de nuevo, los planes.