EscucharNumerosas personas, entre ellas don Alberto Cañas, don Álvaro Fernández y don Fernando Durán, en su conocido programa radial “Así es la cosa”, han abogado últimamente por la necesidad de que, a corto plazo, se instaure un Gobierno de facto para resolver la maraña legal que nos está ahogando desde hace varios años.
El problema estriba en que, como ellos mismos lo reconocen, los Gobiernos de facto solo proceden jurídicamente cuando se rompe el orden constitucional existente. Dichosamente en nuestro país esta tentación desapareció hace muchos años y las generaciones actuales crecimos dentro de un régimen de respeto sacrosanto al sufragio, aunque no estemos de acuerdo con la escogencia de turno que realice la mayoría del electorado.
Es evidente que existe maraña legal impenetrable que atosiga nuestro régimen institucional y ha vuelto ingobernable al país, a pesar de las buenas intenciones que puedan tener quienes cada cuatro años asumen el ejercicio de los principales cargos de elección popular. Los mejores planes de gobierno se han estrellado y seguirán invariablemente colisionando contra un sistema institucional anquilosado, ineficiente, lleno de contradicciones y controles absurdos.
Ni que decir de la inmensa cantidad de trámites burocráticos innecesarios.
Sin embargo, me parece que existe una posible solución jurídica a este problema sin necesidad de acudir a un Gobierno de facto. En efecto, podría utilizarse la ley de referendo para ponerle las banderillas al toro de la ineficiencia institucional que vivimos en la actualidad.
Para ello, habría que conformar una comisión multipartidaria que se encargaría de elaborar un proyecto de ley mediante el cual se reformarían y derogarían las leyes que interfieren y evitan que el Estado pueda actuar de manera ágil, además de introducir la nueva legislación que se requiere al efecto.
Una vez obtenido un texto de consenso, éste sería aprobado por el Poder Ejecutivo mediante decreto ejecutivo y enviado luego a la Asamblea Legislativa para su ratificación por mayoría absoluta. Es decir, se seguiría el mismo procedimiento utilizado para la aprobación del Cafta por medio del referendo popular celebrado en octubre del 2007.
Una vez aprobado el texto de ley por la Asamblea Legislativa, el TSE fijaría la fecha para la celebración del referendo. Dada la prohibición existente en la actualidad para celebrar referendos 6 meses antes y 6 meses después de una elección presidencial, habría que convocarlo para junio del 2013. Este calendario daría tiempo para que las reformas puedan ser consensuadas a lo largo de l8 meses, de manera que se obtenga un texto que resuelva de raíz los problemas tan serios que afectan a nuestra institucionalidad.
Esta sería la mejor herencia que tanto el Poder Ejecutivo como la Asamblea Legislativa actuales podrían dejarle al país. Todos los ciudadanos se los agradeceríamos profundamente. De esa forma, podríamos resolver los entuertos de nuestra legislación vigente sin necesidad de romper el orden constitucional. Lanzo la sugerencia por si alguien quiere recogerla.
