¿Debe Aresep devolver a los usuarios mediante rebaja de tarifas el dinero que cobra y no gasta?
Esa es la pregunta que procuran responder usuarios de los servicios que vigila la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Con ese objetivo, la Defensoría de los Habitantes solicitó a la entidad el informe de Auditoría Interna, según el cual la Aresep tiene un superávit acumulado de ¢9.338 millones. Esto es dinero que no ejecutó en proyectos.
Amed Tabash, vocero de la Defensoría, explicó que requieren analizar si el dinero que no gasta la Aresep afecta las tarifas de los servicios como suministro de agua, electricidad y transporte público.
El ente regulador se financia básicamente del cobro de cánones a las entidades que regula. Las instituciones o empresas, a su vez, trasladan el canon a las tarifas que pagan sus clientes.
Una baja. Para Gilberto Campos, director ejecutivo de la organización Consumidores de Costa Rica, no existe duda de que el superávit de Aresep debería devolverse.
“Esto se traduce en una rebaja de tarifas. Las tarifas deberían bajar por el orden de los ¢9.300 millones. Cómo lo hagan y cómo lo aplican es otro cuento”, dijo Campos.
Frente a estos reclamos, el regulador general, Dennis Meléndez, insistió en que la institución cumplió con esa devolución.
Según él, en el 2010 devolvieron a los regulados ¢4.000 millones.
No obstante, el informe de la Auditoría Interna emitido en noviembre de 2011 señala lo contrario.
De acuerdo con este documento, firmado por el auditor interno Luis Fernando Sequeira, el reembolso que ha hecho la Autoridad Reguladora en los últimos cuatro años es mínimo.
En el año 2008, la devolución fue de ¢73,8 millones frente a ¢330 millones de superávit. Al año siguiente se devolvieron ¢85,2 millones de ¢730 millones de superávit.
Posteriormente, no se registran más devoluciones.
La obligación de retornar la diferencia entre lo cobrado por cánones y lo gastado, la estableció la Contraloría General de la República en oficios de julio de 2010 y julio de 2011.
Tal devolución puede ser en proyectos de desarrollo que beneficien a los regulados, en futuros cánones u otro mecanismo establecido.
Vigilantes. Maritza Hernández, presidenta de la Cámara de Transportistas, advirtió ayer que estarán “vigilantes” del cumplimiento de dicha obligación.
Desde diciembre, así lo hicieron ver al acudir ante la misma Contraloría luego de que la Aresep les aumentó el canon en un 106%. Esto significa un pago de ¢2.305 millones, que harán en tres partes.
“Ya entregamos un documento donde cuestionamos los temas del canon. Vamos a estar vigilantes de la ejecución que haga Aresep y vamos a pegar el grito al cielo todos los que tenemos que ver con autobuses y taxis”.
Hernández aseguró que si no hay una ejecución debida, van a exigir una rebaja que también se reflejará en la próxima petición de tarifas para los usuarios.