El oficial, de apellido Gómez, no podrá acercarse ni molestar a víctimas ni a testigos.
Con esa resolución, los jueces avalaron la posición del Ministerio Público respecto a la necesidad de separar al funcionario mientras avanzan las pesquisas.
Su detención, la mañana del 12 abril anterior, provocó zafarranchos en la sede de la UCR en San Pedro de Montes de Oca por parte de estudiantes que reclamaron el ingreso de agentes judiciales al campus universitario.
Los problemas continuaron hasta avanzada la noche con un grupo de universitarios que bloqueó el paso de vehículos, durante más de cinco horas, frente a la Facultad de Derecho de dicha casa de enseñanza superior.
Al oficial de tránsito de la UCR lo detuvieron tras recibir dinero de un conductor a cambio de no recibir un parte.
Ese dinero no apareció y un Juzgado Penal liberó a Gómez, la noche del 12 de abril, sin ningún tipo de medida cautelar.
Esa situación causó malestar en medios judiciales.
“El Tribunal Penal revocó la resolución del Juzgado Penal de Turno Extraordinario de San José y dictó la suspensión del cargo, así como no acercarse a víctimas y testigos. Estas medidas cautelares son por un lapso de tres meses”, confirmó la periodista Carolina Rodríguez, jefa de la Oficina de Prensa del Ministerio Público.
Gómez enfrenta ahora una causa penal por el delito de concusión, el cual es cometido por funcionarios públicos al exigir un pago a alguien para no cumplir con su labor.
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