EscucharUnos 1.500 finqueros y parceleros nacionales están en fila de espera este año para entrar al negocio de la siembra y el cuido de áreas boscosas de Costa Rica.
Aunque esta actividad no es muy lucrativa, sí se ha disparado durante los últimos 13 años dado que constituye una oportunidad económica en zonas rurales donde la ganadería o la agricultura dejaron de ser rentables.
De acuerdo con datos del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo), solo en el 2010 compiten más de 220.000 hectáreas por el denominado Pago por Servicios Ambientales (PSA).
Se conoce como tal a una figura creada en el país para pagar a los propietarios de tierras que regeneren un bosque, que reforesten un territorio o que protejan el área boscosa que ya tienen durante un determinado período, el cual oscila entre los cinco y los 12 años, dependiendo del tiempo de maduración de cada especie de árbol.
El Gobierno considera tales medidas como un servicio ambiental porque, cuidando el bosque, se conservan simultáneamente los ecosistemas naturales del país y las fuentes de agua, se aumentan los atractivos para el ecoturismo y, a la vez, se contribuye con la captura de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono (CO2).
Jorge Mario Rodríguez, ingeniero y director de Fonafifo, expresó: “El pago de servicios ambientales se hace desde 1997, pero ha ido ganando más y más seguidores en los últimos años, tantos que ya nosotros no damos abasto”.
Según el profesional, para este año Costa Rica presupuestó ¢17.000 millones para distribuir por pago de servicios ambientales.
Sin embargo, este dinero apenas le permitirá a Fonafifo atender un 30% de la demanda; en otras palabras, incluir apenas unas 60.000 hectáreas nuevas al programa que históricamente ha protegido 728.000 hectáreas de zona forestal.
Esto significa que en el presente año se dejarán unas 160.000 hectáreas más por fuera y en espera de otra oportunidad.
Para pagarles a todos los interesados por ese beneficio, Costa Rica necesitaría unos ¢40.000 millones más; es decir, un total superior a los ¢50.000 millones.
“Yo tengo ya dos años esperando por una oportunidad de pago; mientras tanto, tengo mi bosquecito de unas 21 hectáreas y recibo turistas para sacarle platita. Yo tengo la fe que este año quizá sí califique”, declaró el finquero Gilberto González, quien es vecino de Quepos, Aguirre, en la provincia de Puntarenas, Pacífico central.
La conservación de una hectárea de bosque primario o secundario por año vale $64. Si, además, el territorio de la finca se ubica en una zona de importancia acuífera –según estudio hidrogeológico–, el beneficio otorgado asciende a $75 por hectárea anualmente
El tercer caso tiene que ver cuando la finca que concursa por el PSA se halla en sitios del país que fueron identificados durante el 2009 como áreas que concentran una enorme biodiversidad, pero que han estado desprovistas de las normativas e incentivos necesarios para protegerlas. Tales territorios están en Osa, Talamanca, Tortuguero, Maquenque (zona norte), Rincón de la Vieja y Nicoya.
Conservar allí bosques que no estén dentro de áreas protegidas, pero sí muy cercanos, se recompensa con $80 por hectárea, por año.
