Según una información dada a conocer recientemente por Telenoticias, ir de Alajuela a San José y viceversa, en la ruta concesionada a la corporación brasileña OAS, tendría un costo mínimo de $4 diarios para los dueños de vehículos livianos. Si estas personas recorren la ruta cinco días a la semana ida y vuelta, cancelarían al mes, por peaje, una suma similar o superior a la de sus recibos eléctricos.
En el caso de los autobuses, el cobro total sería de unos $8, y como es muy probable que los dueños de las autobuseras –con el habitual desprendimiento que los caracteriza– trasladen ese costo a los usuarios, estos pagarían alrededor de unos ¢80 más diariamente por su pasaje (esa suma representa un 15% del costo del pasaje actual).
Puesto que entre Alajuela y San José se estima que transitan diariamente unos 90.000 automotores, solo en dicho tramo la concesionaria recaudaría, por día, un mínimo de $360.000, lo que equivaldría a unos $131 millones por año.
Como el costo total de la vía de San José a San Ramón asciende a unos $530 millones, la concesionaria podría recuperar la inversión entre cuatro y cinco años, únicamente con base en lo que recaude en el tramo entre San José y Alajuela. De hecho, si la concesionaria invierte realmente los $530 millones indicados, al cabo de los 30 años en que está pactada la concesión, lograría ingresos por unos $3.930 millones, suma equivalente al 742% de la inversión original.
Todo esto está calculado con las cifras mínimas y sólo con base en el tramo entre San José y Alajuela; si se calcula con base en las estimaciones de todos los peajes, según datos dados a conocer por Amelia Rueda, los ingresos totales casi se duplicarían.
Desconozco si los datos de Telenoticias y de doña Amelia son exactos, pero si no lo son, convendría que las autoridades correspondientes informen a la ciudadanía acerca del costo del peaje para los distintos tipos de vehículos.
Por otro lado, si los datos referidos se aproximan a los reales, parece evidente que el peaje estimado para el tramo San José-Alajuela supone un cobro desproporcionado, que afectará en particular a los vecinos del cantón central alajuelense.
En razón del impacto económico que tendría ese cobro, convendría que el alcalde, el Concejo de la Municipalidad de Alajuela, los actuales diputados alajuelenses y los candidatos a diputados por Alajuela para las próximas elecciones (en particular los del Partido Liberación Nacional) se pronuncien al respecto.
Corregir un abuso a tiempo, aunque sea mediante un recurso presentado ante la Sala Constitucional, siempre es preferible a esperar que la corrección la haga, por sus propios medios, una ciudadanía indignada y descontenta que, como la alajuelense, podría proceder contra las proyectadas estaciones de peaje del mismo modo que Santamaría lo hizo en el caso del mesón.
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