El precandidato libertario Otto Guevara y la Procuraduría de la Ética apelaron la resolución judicial que libera de todo cargo al aspirante presidencial del PLN, Rodrigo Arias, en la investigación sobre las consultorías pagadas con recursos del BCIE.
Las impugnaciones van contra el sobreseimiento definitivo dictado el pasado 22 de agosto, en favor de Arias y de otras personas vinculadas a las asesorías por el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José.
Con esas acciones, será el Tribunal Penal de Apelaciones el que decida si la resolución queda en firme o no.
Guevara, que figura como denunciante en este proceso judicial, apeló el 27 de agosto, solo cinco días después de que Arias festejó la victoria en este caso. Por su lado, la Procuraduría presentó su alegato el 28 de agosto.
Así lo hicieron luego de que la jueza Natalia Rodríguez Solís sobreseyó al exministro de la Presidencia de los supuestos delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, reconocimiento ilegal de beneficios laborales y fraude de ley.
Previamente, el Ministerio Público había solicitado desestimar la causa en relación con el fondo de cooperación ejecutado durante el gobierno anterior.
En su apelación, Guevara alegó que la resolución del Juzgado Penal se basa en la tesis de que el caso no versa sobre distracción de fondos públicos, pues los recursos fueron manejados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y no por la Casa Presidencial.
En criterio del dirigente libertario, sí se trata de recursos públicos porque el Estado costarricense es socio fundador del banco y, más bien, el hecho cuestionable es que el Gobierno decidió que el BCIE administrara el fondo bajo instrucciones de Zapote.
La disputa gira en torno a un fondo de $2 millones, del cual se ejecutaron $1,6 millones al margen de los controles del dinero público para contratar consultores durante el gobierno de Óscar Arias.
Con esos recursos se pagaron 84 asesorías en temas legales y de imagen, aunque también se financiaron otros servicios como un músico y un mensajero.
Guevara acompañó su apelación de un reclamo por actividad procesal defectuosa. En esta, alegó que el Juzgado consideró que él desistió de la denuncia por no presentarse a una audiencia, aunque había avisado que estaba enfermo.
En tanto, el procurador Rónald Víquez confirmó que uno de los argumentos de la Procuraduría de la Ética es que no se había gestionado la obtención de prueba faltante que el Banco se negó a dar con base en su inmunidad: los documentos que tienen que ver con cada una de las consultorías.
Este medio intentó conocer la posición de Arias sobre las apelaciones, pero no fue posible conversar con él.
Se trata de una acción presentada por Guevara contra el artículo 30 del Convenio Constitutivo del BCIE y contra el Convenio de Cooperación Financiera No Reembolsable, firmado entre esa entidad financiera y el Gobierno de Costa Rica.
Ese artículo establece que los archivos del Banco son inviolables y gozan de inmunidad.
El exdiputado libertario alegó que, con base en esa inmunidad, las autoridades del BCIE y del Gobierno anterior se negaron a suministrar la totalidad de los documentos sobre las consultorías pagadas entre los años 2006 y 2007, cuando Arias era ministro de la Presidencia.
Al aceptar la acción de inconstitucionalidad, el alto tribunal ordenó no dictar resolución final en los procesos donde se discuta la aplicación del artículo cuestionado, en tanto no se resuelva la gestión del aspirante libertario.
¿Congela esa medida la resolución de las apelaciones? La magistrada Ana Virginia Calzada, presidenta de la Sala IV, dijo que esa es una decisión que deberán resolver los jueces del Tribunal Penal de Apelaciones.