Escuchar¿Quién habría pensado que la institución más emblemática se fuera a convertir en la más angustiante preocupación? Y, sin embargo, lo increible ocurrió. La encuesta de Unimer nos dice lo impensable. Por encima del temor a la inseguridad y al narcotráfico, aflige todavía más la inminencia de una catástrofe en la Caja. Esa noticia, que en otras circunstancias valoraría el eficiente combate contra la delincuencia, apunta a un hecho notable: por primera vez en mis recuerdos, una institución y no un estado de situación personal, se convierte en la primer causa de congoja social.
Con todo nuestro orgullo por una institución envidia de pueblos más grandes y desarrollados, la crisis hizo presa ostentosa de su sostenibilidad financiera. Sistemáticos desmentidos oficiales no pudieron seguir ocultando la cruda realidad de una institución que hacía aguas desde su cúpula. Pero todo seguía como si nada, convertido, como hemos, la negación de lo evidente en deporte nacional.
Casi in articulo mortis fue nombrada la penúltima comisión de notables, excepcional, sin embargo, en la larga lista de nuestra comisionitis endémica. Su categórico informe pone el dedo finalmente en la llaga, apuntando a la cabeza como centro de la gangrena.
¿Cuál es la primera serpiente de esa inmensa medusa? Responder esa pregunta es esencial, si pretendemos resolver los problemas desde su origen. Tres palabras lo resumen todo, pero solo una la escriben los notables, las otras deben leerse, muy costarricenses, entre líneas. La palabra expresa es opaco, denotando oscuridad. Las otras, sobrentendidas, politiquería y desconfianza. La comisión señala abiertamente que todos los procesos en la Caja tienden a ser oscuros, en compras, en costos, en inversión, en rendición de cuentas, en selección de personal, pero, sobre todo, como dice la comisión: “La dirección superior de la institución es nombrada en sus puestos mediante criterios opacos”, eufemismo que les debe haber costado días encontrar.
Botín político. ¿Opacos? ¿No será, mejor dicho, “políticos”? ¿No podríamos interpretar, en un caso extremo, que la Caja se ha convertido en uno de los grandes botines de prebenda partidaria?
Un sonado juicio penal y la forma casi casual en que fue descubierto el “caso Finlandia”, dejó al desnudo las influencias políticas y la urgente necesidad de bisturí.
La otra palabra de dudoso aroma, que se desprende de las 81 recomendaciones, es “desconfianza”. En cada una de las recomendaciones de profesionalización de las direcciones, además de proponer que se realicen por concurso público, se recomienda también que estos concursos sean resueltos por entidades externas; es decir, no se confía en la propia institucionalidad para la escogencia de cargos de dirección por encima de las influencias.
Y llega el punto de disidencia en la misma comisión. ¿Debe la Junta Directiva responder a criterios de idoneidad o a representación de grupos de interés? Aquí los campos se dividen. Fernando Naranjo recomienda “profesionalizar y tecnificar el más alto órgano de la institución”, con un cuerpo de especialistas multidisciplinarios. Rafael Carrillo, Pablo Sauma y Juliana Martínez abogan porque siga siendo una representación sectorial, pero “instando” a quienes los nombren a poner gente buena e idónea; es decir, dejando los nombramientos al desinteresado interés de los sectores, como si el desbarajuste no hubiera probado ya suficiente desatino.
Rafael Carrillo, mientras tanto, llega más lejos con una propuesta de total despolitización de la cabeza de la institución. Él propone “que la Presidencia Ejecutiva de la CCSS sea sustituida por una gerencia general, que sería nombrada por la Junta Directiva de una terna seleccionada mediante concurso público por una firma especializada externa a la CCSS”. Ese es el hoyo del meollo, sacar la dirección de la Caja del campo de la política y entregarlo de lleno al terreno de la eficiencia técnico-administrativa y sentar una base corporativa de rendición de cuentas, fuera de la política. Me es difícil imaginar qué daño haría al buen servicio de la Caja la total profesionalización administrativa de sus mandos superiores. Pero sacar la política y los grupos de interés de la conducción de nuestras instituciones sería como romper un paradigma anquilosado en el paleolítico de nuestra clase política y de nuestra sociedad civil. Nadie renuncia tan fácil a “cuotas de poder”. Es tiempo de decisiones y el Gobierno así lo entiende y se prepara para la más profunda reforma de la Caja desde su fundación. En la caja de Pandora, con las desgracias reveladas, queda aún la esperanza.
El 12 de octubre, un grupo de trabajo ad hoc debía presentar al Consejo de Gobierno un detalle de acciones por ejecutar, cronograma de implementación, responsables y recursos necesarios, así como un sistema de monitoreo con informes mensuales de avance. Las reformas legales que se avalen necesitarán alianzas estratégicas, como todo lo trascendental en Costa Rica, que necesita acuerdos nacionales para contar con el requisito parlamentario de la “vía rápida”. Ese día veremos hasta dónde nos atrevemos a tomar el toro por los cuernos. Si el diagnóstico más profundo de la crisis de la Caja es la oscuridad, la aspiración nacional mínima es que se haga la luz.
