Los diputados prevén que el plan fiscal se someterá a votación de primer debate a más tardar el jueves de esta semana después de seis meses de discusión.
Se trata del proyecto de ley que transformaría el impuesto de ventas en impuesto sobre el valor agregado (IVA) y que subiría la tasa de un 13% a un 14%.
Con ese cambio se gravarían servicios que hoy están exentos, como los de abogados, médicos e ingenieros, aunque por la educación y la salud privadas se pagaría un IVA del 2%.
Ayer, el Congreso continuó con el rechazo de las mociones de reiteración que pesaban sobre el proyecto y solo quedaron 234 pendientes. Semanas atrás, el plan acumuló 3.300 mociones.
Manrique Oviedo, jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), estimó que la discusión podría terminar entre el miércoles y la mañana del jueves para darle paso a la votación.
El jefe de fracción de Liberación Nacional (PLN), Luis Gerardo Villanueva, dijo que el proyecto incluso podría ser votado hoy.
El plan fiscal fue impulsado por el PLN y el PAC. Con este, el gobierno de Laura Chinchilla pretende captar ingresos adicionales por ¢400.000 millones para paliar la crisis fiscal que amenaza las arcas del Estado.
La iniciativa enfrenta la oposición de los partidos Movimiento Libertario, Unidad Social Cristiana (PUSC), Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) y Frente Amplio.
Estos partidos llenaron el proyecto de mociones. Sin embargo, la semana pasada en medio del cansancio, los legisladores acordaron ponerle fin a la discusión del proyecto.
Víctor Emilio Granados, jefe de fracción del PASE, confirmó que la idea es votar el plan fiscal esta misma semana porque hay consenso en que la reiteración de mociones no tiene mayor sentido a esta altura del debate.
El proyecto necesita el voto de 29 diputados, de un total de 57, para ser aprobado.
Aunque el plan fiscal sea aprobado en primer debate esta semana, deberá pasar por el filtro de la Sala IV antes de que pueda ser visto en segundo debate, con lo que se convertiría en ley.
Por un lado, la Sala debe resolver una acción de inconstitucionalidad contra el trámite legislativo que se aplicó al plan y, por otro, la oposición lo someterá a consulta de constitucionalidad.