Escuchar:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gruponacion/XD36TIZOBFA2ZB7FSOHPUKWY5Q.jpg)
La construcción de la vía de 160 kilómetros permite a los pobladores de la zona comunicarse sin depender de navegar por el río San Juan. | ARCHIVO
La Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), con sede en Managua, admitió ayer una demanda contra el Estado costarricense por la construcción de una carretera de 160 kilómetros en la margen derecha del río San Juan.
Dicha demanda fue interpuesta por la Fundación Nicaraguense de Desarrollo Sostenible y el Fondo Nacional de Reciclaje, ambas instancias no gubernamentales del país vecino, que señalan supuestos daños ambientales en las zonas aledañas y en el cauce del río.
La nueva vía se extiende desde Delta Costa Rica hasta el poblado de Los Chiles. El proyecto incluye la rehabilitación de 300 kilómetros adicionales de rutas de acceso y la interconexión de 20 poblados donde viven 2.500 familias.
Antes de que se construyera la carretera, todas estas personas dependían de la navegación por el río San Juan para poder viajar a centros educativos o de salud o para poder movilizar productos agrícolas.
El presidente de la CCJ, el hondureño Francisco Darío Lobo, dijo ayer a la prensa nicaraguenses que los seis magistrados de la Corte resolvieron por unanimidad admitir la demanda contra Costa Rica y dieron un plazo de 10 días a la presidenta de la República, Laura Chinchilla, para que conteste.
Al respecto, el ministro de Comunicación, Roberto Gallardo, señaló anoche que Costa Rica no reconoce la jurisdicción de la Corte Centroamericana y que la denuncia tiene más un corte “político”.
Una opinión similar exteriorizó el vicecanciller, Carlos Roverssi, quien expresó que el país aún no ha sido notificado sobre la querella.
“Costa Rica no está sujeta a la Corte, no somos miembros ni hemos firmado el protocolo de adhesión. Por lo tanto, no tenemos responsabilidad frente a la Corte”, expresó Roverssi.
El experto en derecho internacional, Carlos Murillo, coincidió en que la Corte no tiene sustento para acusar al país. “No tiene sentido la interpretación que hacen los jueces de la Corte, porque a un Estado que no es parte no procede que se le procese en este caso”, aseveró.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, alegó que la intervención directa sobre el río San Juan la está haciendo Nicaragua con su proyecto de dragado.
Las quejas ticas subieron de tono y de estrado, hasta llegar al actual litigio que se discute en la Corte Internacional de Justicia, en la ciudad holandesa de La Haya.
Costa Rica reclama invasión de su territorio y daños ambientales en el humedal de isla Calero.
