Consumo de drogas y criminalidad

La relación entre consumo de drogas y criminalidad no se ha podido probar

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“El consumo de drogas está fuertemente relacionado con la criminalidad violenta”. Se trata de otra de las afirmaciones que, muy a menudo, sin sustento empírico, suelen ser difundidas en materia penal. Aunque numerosos estudios realizados con gran rigor en el plano internacional señalan la existencia de alguna relación entre el consumo de drogas y diversas formas de criminalidad, el investigador encuentra numerosas dificultades para establecer una relación significativa entre estas dos variables.

Independientemente de la definición de nociones como droga, estupefacientes, sustancias psicotrópicas y otros términos, se observa, en primer lugar, una ampliación regular de la lista de sustancias sometidas a reglamen- tación y control por las instituciones internacionales y nacionales, aunque sorprende el escaso interés mostrado por otras sustancias (alcohol, tabaco) culturalmente aceptadas, pero cuyos efectos tienen consecuencias dramáticas en los planos individual y social (tal es el caso, sobre todo, de los homicidios culposos cometidos por conductores ebrios).

Teorías sin probar. Una segunda observación de carácter teórico tiene que ver con la hipótesis de la “escalada” o “conexidad”, según la cual existe una relación estadísticamente positiva entre el uso de drogas “blandas” y “duras”; dicho en otros términos: el consumo de drogas tiene una dinámica propia, que lleva a utilizar productos de creciente intensidad y peligro. Esta teoría no se ha podido comprobar científicamente, ya que supone la existencia del fenómeno de dependencia física y psíquica con respecto a las drogas “blandas” como la marihuana, que no parece darse en cuanto a ellas. Lo que, en cambio, parece probado es que, a menudo, la marihuana es la primera droga ilícita que toman los politoxicómanos, aunque se desconoce el papel que este producto desempeña en el paso a otras drogas: no se sabe si predispone a este paso o si la marihuana se utiliza antes por ser el producto más corriente, barato y aceptado. Tampoco se conoce ninguna particularidad de esta sustancia que engendre la necesidad o el deseo de usar otras drogas.

Una tercera acotación del mismo tipo concierne el carácter criminógeno del uso de drogas, es decir, las relaciones existentes entre tal uso y diversas formas de criminalidad. Estas relaciones pueden ser directas, cuando se cometen ciertos delitos bajo la influencia de determinadas sustancias, e indirectas, cuando el acto se realiza para conseguirlas. Sin embargo, una revisión de los estudios internacionales sobre el tema muestra que las explicaciones dadas hasta ahora con respecto a una asociación significativa entre el consumo de drogas ilícitas y la criminalidad –sobre todo violenta– son insatisfactorias (en Costa Rica, solo el 8% de los homicidios dolosos cometidos en el 2009 tenían como causa un problema de drogas).

Una última dificultad se refiere a la aplicación de la ley penal en este sector, que se hace en numerosas ocasiones en forma incoherente, injusta y discriminatoria, lo que puede afectar negativamente la legitimidad y credibilidad de la intervención estatal en esta materia. En forma incoherente, en la medida en que la severidad de las sanciones difiere según los supuestos autores del hecho; en Costa Rica, por ejemplo, la severidad es mayor (de 8 a 15 años de prisión) para quienes, sin autorización legal, distribuyen, comercian, suministran, cultivan, etc. las sustancias prohibidas, que para quienes, en el ejercicio de sus funciones públicas, favorecen de alguna manera la impunidad o evasión de los acusados (de tres a diez años), o para los médicos que prescriban innecesariamente tales sustancias (de seis meses a tres años).

En forma injusta, o al menos injustificada, si se considera que las penas aplicables en materia de drogas figuran entre las más severas previstas en la legislación penal, siendo solo superadas por las que castigan el homicidio doloso, la violación o el robo agravado. Finalmente, en forma discriminatoria, si se analizan los casos denunciados y tratados por el sistema penal que, hasta hace poco, concernían esencialmente a la marihuana y, más recientemente, al crack y productos similares y, en ambos casos, a la simple posesión de estas sustancias.

Programas contra drogadicción. En otro orden de ideas, los datos compilados recientemente por el PNUD en el marco de la consulta nacional destinada a la formulación de una política integral y sostenible de seguridad ciudadana muestran la amplitud de los programas dedicados al tratamiento de la drogadicción.

Con esta base, fortalecida y ampliada, Costa Rica se alinearía con un número creciente de países de Europa y Latinoamérica que, matizando considerablemente el enfoque represivo –reservado, con todo su rigor a la lucha contra el narcotráfico– están apostando por políticas centradas en la prevención y, por tratarse de un problema de salud, el tratamiento de los simples poseedores para uso personal.

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Noticia La Nación: Consumo de drogas y criminalidad